¿Sobre pies de barro?

La información laboral que se ha dado a conocer esta semana señala un aumento de la ocupación de más de medio millón de personas durante el último año. Si nos atenemos a lo ocurrido en 2014 y 2015, comprobamos que el empleo ha aumentado en un tres por ciento anual; es decir, una décima por encima de la tasa que corresponde al PIB. El hecho de que todo el crecimiento económico se haya reflejado en una ampliación del número de personas que trabajan es el resultado más genuino de la reforma laboral que emprendió el Gobierno del PP en 2012. Un resultado que, además, revela un cambio estructural en la economía española, donde estas cosas nunca habían ocurrido con anterioridad.

La reforma laboral ha sido uno de los caballos de batalla de la izquierda durante la última campaña electoral. Denostada por el PSOE, Podemos y los sindicatos, sus críticos han prometido derogarla para volver al sistema anterior. O sea, a un sistema incapaz de generar empleo en cantidad suficiente, en el que cualquier dificultad económica se traducía en un enorme aumento del número de parados, con la particularidad de que casi todos estos procedían de trabajos temporales o «precarios». Precisamente sobre este último concepto se construye la crítica izquierdista a logro de la política laboral del Gobierno que antes señalaba. La UGT ha dicho que no puede negar la recuperación económica, pero añade que está construida «sobre pies de barro» porque «da lugar a un empleo precario».

El empleo temporal, cuando no obedece a una causa productiva, no es bueno para la economía, sencillamente porque no favorece en nada la mejora de la cualificación de los trabajadores a través de su formación en la empresa y, con ello, tampoco conduce a la mejora de la productividad. En esto todos estaríamos de acuerdo con la UGT; pero ello no significa que compartamos sus soluciones para evitarlo. Lo que la izquierda propugna es volver a las esencias del franquismo en cuanto al mercado de trabajo; o sea, a la judicialización del conflicto laboral –la Magistratura de Trabajo se creó en el Fuero del Trabajo de 1938– y a las altas indemnizaciones por despido –que aparecieron en la Ley del Contrato de Trabajo de 1944–. Eso sí, dejando los contratos temporales –que Felipe González legalizó en 1984– como están.

A mis alumnos les explico que la enorme extensión de la contratación temporal que hay en España viene de la mano de su casi nulo coste de despido, lo que contrasta con las elevadas indemnizaciones que hay que pagar a los trabajadores fijos. Los empresarios actúan, en esto, racionalmente, aunque perjudiquen el desarrollo de la economía. Por eso no me gusta la solución sindical –que Sánchez e Iglesias corean– a este problema. Ni tampoco aplaudo que el PP la marginara de su reforma laboral. La recuperación de la economía no tiene los pies de barro, pero el problema del paro, aunque parezca contraintuitivo, requiere una drástica reducción del coste del despido.