Sumar para no restar

A nadie se le oculta que el actual gobierno de España más bien gobierna poco, pues su posición parlamentaria le instala en una precariedad que le impide desarrollar una actividad legislativa más o menos normalizada. Esto no es sino una consecuencia del hecho de que la fragmentación electoral que ha experimentado el país ha reducido la desproporción que el sistema electoral introduce entre las distribuciones de votos y escaños, dando lugar a un Congreso en el que todos los grupos son minorías. Ello es así porque, al dividirse el voto entre más candidaturas con posibilidades de representación –o sea, las que tienen al menos el veinte por ciento de los sufragios en las 26 provincias que eligen hasta cinco diputados, o el diez por ciento en las que cuentan con entre seis y nueve escaños–, se reduce el premio de representación que tienen los partidos más votados. En 2011 ese premio sumó 42 diputados que se repartieron entre el PP (30), el PSOE (9) y los nacionalistas vascos y catalanes (3). En cambio, en 2016 se redujo a sólo 29 de los puestos del Congreso, que se los quedaron el PP (21), el PSOE (6) y los nacionalistas (2).

Hasta las elecciones de 2011 la fragmentación electoral –o sea, el hecho de que haya más de dos o tres partidos con posibilidades de representación– sólo fue perceptible en diez circunscripciones, pero en las de 2016 se había extendido hasta 33 de las provincias. Se trata, como es obvio, de un fenómeno ligado a la crisis política del país que ha llegado para quedarse. Y por ello han de tenerse en cuenta sus efectos electorales. Éstos se derivan del hecho de que, en las circunstancias descritas, las coaliciones electorales tienen más que ganar que las candidaturas partidarias aisladas. En 2016, Podemos fue el único partido que lo comprendió, de manera que, al agrupar a gran parte de las opciones de extrema izquierda, logró traducir casi todos sus votos en escaños. Los demás ni lo intentaron. Pero si lo hubieran hecho, los que por su posición tienen más que ganar –es decir, los del centro-derecha– estarían ahora en condiciones no sólo de gobernar sin ayudas, sino de emprender con éxito gran parte de las reformas institucionales que permitirían consolidar el modelo constitucional de 1978. Más en concreto, si en junio de 2016 PP y Ciudadanos hubiesen concurrido a las elecciones en coalición, con los mismos votos que obtuvieron habrían ocupado 182 escaños en el Congreso, trece más de los que efectivamente consiguieron. Ello habría ido en detrimento de la representación de Podemos (9 diputados menos), el PSOE (2) y los nacionalistas vascos y catalanes (2).

Digámoslo de otra manera: mientras siga vigente el actual sistema electoral –casi imposible de reformar porque está en la Constitución–, en circunstancias de fragmentación del voto, sumar es necesario para no restar. Sumar puede dar la victoria. Restar no es otra cosa que hacer inviable la reforma y consolidación del sistema democrático.