Terroristas en busca de amparo

Al parecer, según perciben los expertos del ramo en el Ministerio del Interior, entre los terroristas de ETA encarcelados cunde el desánimo. La eterna promesa de que habría una negociación con el Estado para sacarlos de su postración no se ha cumplido y, además, resulta que los epígonos políticos de la organización reniegan de ellos, pues son un incordio que perjudica el mensaje de «paz sin vencidos» sobre el que tratan de medrar electoralmente. Tras el desánimo, viene el sálvese quien pueda. Ya ni hay colectivo de presos, ni todos a una. Sólo un pequeño núcleo de irreductibles se aferra a las viejas esencias para poder soportar las décadas de condena que aún les quedan por cumplir. Mientras tanto, los viejos del lugar van saliendo de la cárcel con veintitantos años de celda a sus espaldas porque han podido beneficiarse de las rebajas del antiguo código penal. Pero para los demás no ya no hay nada porque, con las reformas penales, no se reconocen beneficios penitenciarios y lo único que cabe es progresar de grado como el resto de los inquilinos de las prisiones. El caso es que unos cuantos etarras están hartos y, según se nos dice, buscan una salida individual para largarse cuanto antes. Los de Interior sacan por eso a relucir la consabida «vía Nanclares», el invento fracasado de Rubalcaba que los del PP tienen ahí a pesar de que, con él, desde hace casi una década no han conseguido sumar ningún nuevo arrepentido a la exigua nómina que dejó el ministro socialista. Y a esperar sentados, como si el cadáver de nuestro enemigo fuera a desfilar por delante de Castellana 5 en Madrid, la vieja sede de Plazas y Provincias Africanas reconvertida en democrática sede de los herederos del Ministerio de la Gobernación. Sin embargo, creo yo, alguna política se puede hacer para los que, forzados o no por la desesperación, deciden salirse de las organizaciones terroristas de una manera irreversible. Distingamos, para empezar, entre los responsables de asesinatos –por haberlos ordenado o por haberlos ejecutado– y los meros colaboradores, enaltecedores y otros especímenes dedicados al desorden público. Para los primeros no debe haber la menor condescendencia: que cumplan su pena hasta el límite de treinta o cuarenta años, según los casos. Y si llegan a ser arrepentidos que lo sean de verdad; o sea, que actúen como delatores de sus compañeros para esclarecer los múltiples crímenes que aún permanecen en la oscuridad. Pero para los segundos podría haber otro tratamiento si abandonan, pues entonces se atenuaría la causa del agravamiento de las penas que se les impusieron. Es lo que se hizo, con éxito, en Italia hace ya muchos años para acabar con las Brigadas Rojas. Eso sí, no lo hicieron de tapadillo –como ocurrió entre nosotros con los polimilis– sino con todas las de la ley. Tome nota el gobierno: algo que no se le ocurrió a Rubalcaba se puede hacer. Pero, para eso, hay que pasar por el Congreso.