Tras la austeridad

El Gobierno respondió el viernes a las intensas peticiones para poner freno a las políticas de austeridad. Está claro que el Gobierno considera que continuar con los recortes realizados hasta el momento llevaría a nuestro país a una espiral de depresión como aquella en la que se encuentran Grecia y Portugal. Si eso llegara a ocurrir, los esfuerzos realizados hasta ahora no habrían servido para nada. Es probable que en el Gobierno piensen también que una mayor austeridad tampoco es viable políticamente. Hundiría al Partido Popular, algo que en la situación actual, con un Partido Socialista que no está dispuesto a despertarse de las alucinaciones izquierdistas –es decir, infantiles– del zapaterismo, debería mover a la reflexión. Por otro lado, tampoco el PP de Mariano Rajoy fue elegido para amortizar la mitad del Estado y hacer una revolución: ni liberal, ni conservadora. Nunca ha sido ésa la vocación del Partido Popular, que debe tener en cuenta intereses amplios y en muchas ocasiones contradictorios, desde los funcionarios a los empresarios y los empleados, los autónomos, los jóvenes o los inmigrantes. Eso, precisamente, es lo que otorga al Partido Popular y a su posición todo su valor, más aún en una crisis como la que estamos viviendo.

Nada de esto quiere decir que el Gobierno se vea condenado a la inacción. Al contrario, hay muchos campos en los que puede actuar y mejorar situaciones que al cabo acabarán revirtiendo también en la economía. Después de todo el esfuerzo que en nuestro país se hizo durante más de dos siglos para establecer la unidad del mercado y luego integrarnos en el mercado único europeo, resulta que en los últimos treinta años hemos retrocedido en ese campo. La Ley de Transparencia, y alguna otra parecida, resultan cruciales para convencer a los españoles de que las élites políticas no piensan sólo en sus intereses. En un país en el que todo está hiperregulado, y varias veces, lo único que no lo está es la actividad pública: el funcionamiento de los partidos, los sindicatos, el ejercicio de huelga y algunas instituciones, entre ellas la Corona. Muchas de estas acciones requieren un cierto consenso impensable ahora mismo. El Gobierno, sin embargo, podría al menos desvelar algunas buenas intenciones. Entre 2004 y 2008, el PP perdió la oportunidad de reformar la educación. Sería difícil de justificar que ahora ocurriera lo mismo. Así como el Gobierno está dispuesto a asumir su responsabilidad en el terreno económico, también aquí hay mucho por hacer.