Un buen principio

La Justicia vuelve a ser protagónica en un acuerdo político, y de ello debemos alegrarnos cuando además puede suponer el regreso al verdadero espíritu de la Constitución cuando estableció como se debían elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero no nos engañemos, ni este órgano es el centro de nuestro sistema de justicia, ni los problemas de percepción de politización de la misma, van a desaparecer por arte de magia. En nuestro país, a la hora de ejercer el sagrado derecho a la crítica y en especial de las decisiones de la justicia, tanto en el orden jurisdiccional como gubernativo, no encontramos una adecuada cultura de respeto democrático, ya que se causaliza la decisión buscando los antecedentes de sus autores, y mucho me temo que esto no va a cambiar, hasta que no cambien en su modo de hacer las cosas aquellos que ejercen una gran influencia en la conformación de la opinión pública, único poder no institucionalizado que carece del más mínimo control, que no pase por la debida y deseable autolimitación. Por otro lado, éste no es el problema real de la justicia en España si pensamos en términos de ciudadanía, la cual demanda una justicia más ágil y eficaz, y que esté diseñada para resolver sus problemas y no los de los políticos. En esta línea es en la que se debe trabajar, puesto que no contamos con un mal sistema de justicia, pero hay que racionalizarlo y actualizarlo pensando no en los políticos, en los jueces o en los abogados y sus intereses, sino en los ciudadanos. Por ejemplo, debemos recordar que el turno de oficio es un sistema que se ha creado para que los ciudadanos que no tengan suficientes recursos puedan tener acceso a la justicia, y no como un modo de satisfacción de intereses profesionales, por muy dignos que sean. Accidentes como el del Alvia o el avión de Spanair, ponen de manifiesto la urgente necesidad de separar la responsabilidad civil del proceso penal, para que de esta manera no se juegue con los sentimientos de las víctimas, las cuales, además de buscar justicia, pretenden una debida y justa indemnización, que no se puede encontrar en la exasperación de la responsabilidad penal. Son dos claros ejemplos de lo mucho que queda por hacer. La percepción pública de nuestra justicia es mucho más positiva cuando se pregunta por la misma a los que han tenido acceso alguna vez al sistema, una minoría, que cuando se le pregunta a la población en general, puesto que la percepción de estos últimos se basa en los juicios que se hacen en los medios de comunicación; el CIS no ayuda mucho cuando pregunta por la valoración de la justicia junto, por ejemplo, al sistema de transportes, suponiendo un desconocimiento de lo que es un verdadero poder del Estado ejercido a traves de la administración de justicia. Por todo ello, bienvenido el acuerdo en esta materia, pero siendo importante no es más que el principio de lo que resta por hacer. Si todos hiciéramos nuestro trabajo pensando sólo en los ciudadanos y sus necesidades, las soluciones estarían a la vuelta de la esquina.