Francisco Marhuenda
Una necesaria transición
La Constitución otorga una especial relevancia a los sindicatos, al igual que hace con las organizaciones patronales y los partidos políticos. Los incluye en su Título Preliminar dedicándoles a los dos primeros el artículo séptimo y a los últimos, el sexto. No es algo casual y responde al sentimiento de los constituyentes sobre el papel e importancia que tienen en una democracia a la vez que respondió a una reacción frente a la ausencia de libertades públicas que existía durante la Dictadura. El texto constitucional señala que los sindicatos y las asociaciones empresariales «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». Como es lógico, consagra la libertad de creación y actividad a la vez que les impone que su estructura interna y funcionamiento «deberán ser democráticos» aunque cabría esperar mucho más en cuanto a su transparencia y, sobre todo, al papel que deberían desempeñar en el siglo XXI. Es cierto que tuvieron un papel decisivo en la Transición y cabe reconocer que en muchas ocasiones hicieron un ejercicio de responsabilidad, pero se han convertido en unas instituciones ineficaces y opacas.
Las constitucionalizaciones de entidades privadas, como son los sindicatos, las organizaciones empresariales y los partidos, es evidente que se les reconoce la importante función pública que realizan en una democracia. No hay que olvidar el carácter privado que tienen, pero a la vez se financian mayoritariamente a costa del erario público. Los españoles, a diferencia de lo que sucede en otros países, son poco propensos a financiar a sindicatos y partidos, ya que preferimos que sea el Estado quien corra a cargo de ese gasto aunque luego nos quejamos por su coste. La realidad es que se han destinado cifras multimillonarias en estos años para garantizar su funcionamiento, aunque no se han establecido mecanismos de control que hayan erradicado o al menos minimizado la corrupción. Los sindicatos se han convertido en estructuras de poder excesivamente politizadas que están enclavadas más en la vieja lucha de clases que en el modelo que sería deseable en el siglo XXI.
Uno de los problemas más graves es la opacidad así como la «funcionarización» de una estructura que se ha convertido en impermeable. Es un sistema que funciona realmente por cooptación donde las jerarquías no se renuevan sino que se suceden con una naturalidad inquietante. La alegría con que se han gastado los recursos públicos, donde en demasiadas ocasiones se ha comprado la paz sindical por medio de importantes subvenciones y cesiones es otro síntoma inquietante de esta realidad. Los sindicatos necesitan hacer una transición que les acerque a lo que realmente necesitan los trabajadores y abandonar la politización que les lleva a movilizarse cuando gobierna el PP y a ser complacientes cuando lo hace el PSOE.
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