Opinión

Acelerar la reforma del aborto

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El Gobierno se propone remitir al Congreso la reforma de la ley del aborto antes de que finalice el actual periodo de sesiones. No sólo se trata de una de las medidas de mayor peso ideológico incluidas en el programa electoral del Partido Popular, sino que entronca con la sensibilidad de la inmensa mayoría de quienes le concedieron el voto el 20 de noviembre de 2011. Se trata, pues, de un asunto medular que no podía estar sujeto a la coyuntura política, por más que se entienda la prudencia con que los impulsores del proyecto, en especial el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han llevado el desarrollo del anteproyecto, sometiéndolo a un amplio debate social y recabando opiniones técnicas y jurídicas de una treintena de organismos consultivos oficiales y entidades médicas. No puede decirse, por otra parte, que haya habido mucha diligencia a la hora de responder a la consulta, hasta el punto de que el Gobierno está aún a la espera de los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, lo que desmonta las insinuaciones de que el retraso ha respondido al oportunismo electoral, entre otras cuestiones, porque la reforma del aborto fue uno de los ejes de la campaña de la candidata socialista Elena Valenciano, sin mayor incidencia en el resultado de las urnas. Es de esperar, sin embargo, que la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo relance por parte de la izquierda la instrumentalización del drama humano y social que suponen los más de cien mil abortos anuales que se realizan en España, y que lo haga desde su habitual soberbia ideológica y su supuesta superioridad moral. En este sentido, en fuentes gubernamentales de toda solvencia consultadas por LA RAZÓN, se afirma que el Ejecutivo está dispuesto a enmendar el texto en sus aspectos más discutidos, no tanto para llegar a un improbable acuerdo de mínimos con los socialistas, como para recuperar la unidad interna de la bancada popular. Sin perjuicio de que quien se presentó a las elecciones por las listas del PP no podía obviar que la abolición de la ley del aborto fue uno de los estandartes de Mariano Rajoy en la oposición, se pueden tomar en consideración las recomendaciones del CGPJ y de otros organismos en aquellos aspectos que no atañen a los fundamentos de la ley –por ejemplo, si una malformación del feto incompatible con la vida puede contemplarse en los supuestos de despenalización, o si los médicos implicados en las evaluaciones pueden estar vinculados a las clínicas o deben ser ajenos–. Porque la cuestión de fondo es que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, que protege al nasciturus, el aborto no puede considerarse un derecho de la mujer gestante. Todo lo más, un delito despenalizado en algunos supuestos.