Ahorro administrativo

La transformación de una estructura pública para ganar eficiencia se traduce, obviamente, en un rendimiento económico mucho más óptimo. La reforma de las administraciones en marcha presenta también esa vertiente de ajuste financiero. Como cabía suponer, las cifras no son baladíes. Menos aún para una economía en apuros como la española, necesitada de menguar gastos. La vicepresidenta del Gobierno cifró ayer el ahorro para las arcas públicas en 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015. Saldrá de la racionalización de las estructuras, de medidas sobre el empleo público y la reforma local, aún por desarrollarse. Soraya Sáenz de Santamaría explicó que, «por cada euro que saldrá de la Administración», las empresas y los ciudadanos se ahorrarán más de dos «en costes de oportunidad». Hablamos de un volumen considerable que constata también la relevancia de la decisión política de actuar con determinación sobre las administraciones tras más de tres décadas de democracia. Esos más de 37.000 millones dan que pensar también en el gasto millonario y superfluo que el Estado se dejó por el camino durante lustros en unas estructuras desmesuradas y entumecidas, y muchas de ellas superpuestas. Aunque casi nadie medianamente sensato cuestiona que esta reforma es imprescindible, las primeras reacciones de partidos y agentes sociales no presagian concordia. El Gobierno ha manifestado una voluntad de diálogo y de acuerdo desde la premisa de que no estamos ante un debate ideológico, sino ante un proyecto para que las administraciones sean austeras, útiles y eficaces y presten los servicios que esperan y merecen los ciudadanos. Quienes pretendan quedarse fuera sólo podrán exponer intereses particulares y oportunismos cortoplacistas. No les resultará fácil que posiciones obstruccionistas calen y sean comprendidas por la sociedad. En este sentido, existe un criterio generalizado en la opinión pública de que ya toca al fin adelgazar las administraciones, suprimir organismos discutibles y acabar con las duplicidades para modernizar un coloso anclado en otros tiempos. Ayer, la lectura de la reforma por parte de los sindicatos fue que el Gobierno quiere centralizar y recortar servicios, y avisaron de que estas iniciativas generan «incertidumbre y tensión». La Junta de Andalucía, por su parte, respondió que no piensa eliminar órganos ni instituciones porque son necesarios en la comunidad más poblada. En principio, la posición de partida de la izquierda política y sindical resulta escasamente colaboradora y muy decepcionante, si bien es cierto que Pérez Rubalcaba mostró una voluntad de entendimiento. Mejor así. Nos jugamos demasiado en esta reforma de reformas. Ya no sólo el ahorro millonario, sino también contar con una esfera pública preparada para afrontar con garantías cualquier escenario.