Aquella indigna promesa a ETA

La información que hoy publica LA RAZÓN sobre la promesa hecha a ETA por el anterior Gobierno socialista de que se derogaría la llamada «doctrina Parot», información documentalmente sustentada y contrastada con fuentes de absoluta solvencia, no sólo ilumina las sombras de un proceso judicial insólito en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sino que exige, cuando menos, una explicación clara y sin subterfugios por parte del actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante una ciudadanía atónita que en su inmensa mayoría, como demuestran las encuestas de opinión, considera que la modificación de los beneficios penitenciarios de los asesinos múltiples fue uno de los instrumentos que contribuyeron a la derrota de ETA. A la luz de estas revelaciones, minuciosamente descritas en las actas de las negociaciones mantenidas en Oslo en el año 2006 por los representantes del Gobierno socialista y miembros de la banda terrorista, se hace muy cuesta arriba no relacionar la designación del magistrado socialista Luis López Guerra – que fue secretario de Estado de Justicia en el momento clave de las negociaciones– para ocupar una plaza de juez en el Tribunal de Estrasburgo con la sorprendente deriva, contraria a los intereses españoles, que tomó el recurso presentado por la etarra Inés del Río Prada contra la «doctrina Parot». En especial, cuando es sabido que fue López Guerra quien «ilustró» al resto de los componentes de la sala sobre la conveniencia de estimar el recurso de los terroristas. El asunto se agrava cuando se examina la actuación de otro socialista, José Manuel Gómez Benítez, luego miembro de cuota del Consejo General del Poder Judicial, que llegó a informar a los terroristas de que se estaba presionando a los miembros del TC para que no avalaran la resolución jurídica aprobada por el Supremo. Ante ciertos hechos, que ninguna justificación política puede respaldar, es preciso llegar hasta el fondo de lo acontecido y sacar las conclusiones pertinentes. Nunca atendió el anterior Gobierno socialista a quienes le advirtieron lealmente de la inutilidad de ofrecer expectativas a una banda terrorista que no busca más que la imposición de sus ideas a la sociedad española y se niega a aceptar la derrota y a responder de la enormidad de sus crímenes. El llamado «proceso de Paz» acabó como todo el mundo conoce, y el anuncio –ahora hace dos años– del final de las acciones terroristas por parte de ETA, que el PSOE quiso utilizar electoralmente para impedir la mayoría absoluta de Rajoy, no puede tener otro tratamiento que el que le ha dado el actual Gobierno del PP. Las cesiones a la banda, esa farsa que fue el proceso, nunca han traído más que dolor a la sociedad. ETA debe comprender cuál es el único camino: desaparecer de nuestras vidas.