Balanzas fiscales y solidaridad

Aunque con la publicación de las balanzas fiscales territorializadas, independientemente de la metodología que se aplique para su elaboración, se corre el riesgo de alentar los supuestos agravios comparativos entre las distintas comunidades españolas, también es cierto que se trata de un instrumento de análisis que, si no se utiliza como arma arrojadiza en la pugna política, puede ayudar a mejorar el deficiente sistema de financiación autonómico. Ayer, el Ministerio de Hacienda hizo públicos los resultados del informe sobre las balanzas fiscales encargado a una comisión técnica independiente, cuyos dictámenes no parece que vayan a constituir una sorpresa para nadie, entre otras cuestiones, porque en asuntos relacionados con la carga fiscal –que es en definitiva de lo que estamos hablando– son los individuos quienes pagan los impuestos y no los territorios, con lo que las regiones con mayor renta per cápita son las que generan los mayores ingresos fiscales. En cualquier caso, el ponente del informe, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y uno de los académicos que ha diseñado la nueva metodología para analizar las cuentas públicas territorializadas, ha llegado a dos conclusiones muy relevantes: la primera, que Madrid y Cataluña tienen razón al pedir una revisión del sistema de financiación, pero no la tienen al decir que están siendo «injustamente tratadas»; y, la segunda, que algunos aspectos de los conciertos económicos vasco y navarro provocan desigualdad en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Respecto a esta última cuestión, no creemos que la anomalía se deba tanto a la existencia de los regímenes forales de que gozan, tal y como, por otra parte, se reconoce en la Constitución, el País Vasco y Navarra, sino a deficiencias en la aplicación de los convenios y reparto de los cupos que deben ser corregidos por medio de la negociación entre el Ministerio de Hacienda y las respectivas haciendas forales. Pero otra de las virtudes del informe –para el que los analistas han empleado el modelo de cálculo de carga-beneficio, que no sólo tiene en cuenta la inversión directa del Estado en una comunidad, sino también, los servicios en especie– es que pone en su justo valor el esfuerzo solidario que hace cada comunidad autónoma con el conjunto de España, desvirtuando el recurrente ejercicio de victimismo de algunos sectores políticos locales, más interesados en fomentar divisiones. Esfuerzo de solidaridad que, sin embargo, no puede exigirse a los ciudadanos ni de manera ilimitada ni incondicional y que, por lo menos, exige de todos los administradores una responsabilidad añadida en el manejo y control del dinero público. Porque los impuestos, no hay que cansarse de repetirlo, siempre proceden del esfuerzo de las personas, no del de los territorios.