Cierre de filas con el Tribunal Supremo

No es cuestión de entrar en el fondo de una sentencia que no ha sido firmada ni notificada y que, como recordaba ayer el presidente del tribunal juzgador, Manuel Marchena, no es firme hasta que la suscribe el último de los magistrados actuantes, por más que su desafortunada filtración, más grave aún por provenir necesariamente del interior de la misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que entendió de la causa, haya podido causar confusión en una opinión pública que calibra perfectamente la trascendencia que tiene para el presente y el futuro inmediato de España esa decisión judicial. Por supuesto, no son cuestiones menores que los jueces, tal y como se da por cierto tras la filtración, se inclinen por aplicar el tipo penal de la sedición frente a la rebelión, en contra de la calificación de la Fiscalía, o que, al parecer, hayan decidido apreciar el concurso medial para no imponer sendas condenas por malversación, lo que beneficiaría a los reos, pero hasta que no dispongamos de la literalidad de la resolución y, sobre todo, del cuadro de penas de cárcel que corresponde a cada uno de los encausados, resulta fútil cualquier análisis jurídico previo. Con todo, es un hecho que nueve de los principales responsables del fracasado golpe antidemocrático en Cataluña serán condenados a elevadas penas de prisión, lo que va a suponer un duro varapalo para los partidos separatistas catalanes y sus movimientos asociados, con riesgo cierto de que se produzcan reacciones indeseables en las calles y, lo que sería insólito en cualquier democracia, en las instituciones del Principado, dominadas por esos mismos partidos. Si bien, y tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos desde las jornadas del referéndum ilegal, con un claro descenso del apoyo popular al secesionismo y una menor incidencia de las actuaciones de sus cuadros de activistas, no es de esperar graves rupturas de la convivencia ciudadana, entra dentro de lo probable que las autoridades del Estado hayan de tomar medidas extraordinarias para garantizar esa convivencia y restaurar cualquier desobediencia a la Ley, sin importar la cualidad pública o no de quienes pretendan romper el sistema de libertades que consagra la Constitución española. Corresponde, por supuesto, al Gobierno la máxima responsabilidad y somos conscientes de las dificultades añadidas que supone su situación de interinidad y, con mayor incidencia, el que nos encontremos en plena campaña electoral. Que los separatistas van a tratar de aprovechar estas circunstancias para sus fines, parece una verdad de perogrullo, pero sería mucho peor que las formaciones constitucionalistas, especialmente el Partido Popular, pero, también Ciudadanos o VOX, no estuvieran a la altura de los acontecimientos. Por supuesto, como señaló ayer el líder de los populares, Pablo Casado, no se trata de dar un cheque en blanco al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero sí de respaldar la actuación de las instituciones del Estado en todo aquello que sea pertinente para salvaguardar el orden democrático en Cataluña y garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y el debido respaldo a sus magistrados, con independencia de las distintas sensibilidades ante el contenido de la resolución judicial. Cabría reclamar igual postura a los partidos de la izquierda radical de Unidas Podemos y Más País, pero ya han demostrado que prefieren la equidistancia y la inconcreción de la muleta del «derecho a decidir». Por último, la Generalitat de Cataluña y su Parlamento autonómico tienen una oportunidad inmejorable para reconducir su postura o, al menos, mantenerse en un plano meramente declarativo. Porque las sentencias de los tribunales hay que acatarlas y hacer que se cumplan.