Coherencia del PP andaluz

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) comenzó ayer una nueva fase de investigación sobre el fraude de los cursos de formación en Andalucía, en la que está previsto llevar a cabo más de un centenar de detenciones de antiguos altos cargos de la Junta, funcionarios de la Consejería de Empleo y empresarios que, presuntamente, se lucraron de los fondos públicos mediante la creación de firmas tapadera. Si bien las actuaciones de la Policía se solapan con otras llevadas a cabo por la Guardia Civil a instancias de la juez Mercedes Alaya –hasta el punto de que algunos delegados provinciales de Empleo están incursos en dos o más procedimientos–, lo que puede provocar problemas de índole procesal, ello no resta un ápice a la gravedad de lo ocurrido en Andalucía, región gestionada hegemónicamente por el PSOE desde la ya lejana Transición. Hablamos de más de 3.000 millones de euros de dinero público cuyo destino, la Junta, en el mejor de los casos, fue incapaz de controlar. La noticia sobre las nuevas actuaciones policiales ha surgido cuando la actual presidenta en funciones del Gobierno autónomo andaluz, Susana Díaz, comenzaba una nueva ronda de negociaciones con los partidos de la oposición para conseguir los apoyos que necesita para su investidura. El primer encuentro de esta segunda fase de las conversaciones, con el líder del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno, se ha saldado, como no podía ser de otra forma, con la negativa del principal partido de la oposición a entregar un cheque en blanco a la candidata socialista. El líder popular ha actuado con absoluta coherencia al reclamar el mismo trato que exige Susana Díaz, que no es otro que el respeto a la lista más votada, tanto a la presidencia de la Junta como a los consistorios municipales. En este sentido, causa estupor, por lo que significa de interiorización del doble rasero, que los portavoces socialistas andaluces hablen de «cambalaches y chantajes», cuando su partido mantiene negociaciones y se apunta a acuerdos con fuerzas políticas radicales en toda España, incluso abiertamente separatistas, a las que no hace mucho descalificaba por sus propuestas y actitudes antisistema. La cuestión es si Susana Díaz prefiere avenirse a las condiciones que le impone Podemos, que significan la renuncia a la acción efectiva de Gobierno, o con la trágala de Ciudadanos, que exige el compromiso de entrega por escrito de las actas parlamentarias de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otras cesiones, y que Albert Rivera no tendría más remedio que mantener en aras de una mínima coherencia política y personal, una vez que se muestra estricto cuando se trata de negociar con el PP. Una vez más, Andalucía representa una oportunidad óptima para que los nuevos partidos se retraten.