Opinión

Compete a la Audiencia Nacional

La Razón
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La admisión por un juzgado de Barcelona de una querella contra Jordi Pujol pone en marcha la maquinaria judicial que delimitará sus responsabilidades penales y fiscales. Es la segunda vez en su vida que el ex presidente catalán se enfrenta a un proceso por presuntos delitos económicos; la primera vez fue hace 30 años por el llamado «caso Banca Catalana». Ahora, sin embargo, concurren circunstancias familiares muy especiales que convierten el asunto en algo más que una simple regularización tributaria. De ahí que la Fiscalía Anticorrupción pidiera ayer a Suiza y Andorra los datos bancarios de la familia Pujol al completo. Es evidente que la autoinculpación del padre del clan no sólo arrastra a sus hijos y a su esposa, Marta Ferrusola, sino que además dota de una nueva dimensión a la trama de corrupción por la que están siendo investigados al menos tres de sus vástagos: Jordi, Oriol y Oleguer. Sobre el primero está instruyendo el juez Ruz sus andanzas económico-financieras, presuntamente repletas de irregularidades. Y sobre el tercero, la Fiscalía Anticorrupción está analizando diversas operaciones inmobiliarias que, al parecer, encubrirían el blanqueo de entre dos mil y tres mil millones de euros. Dada la dimensión que está adquiriendo la madeja, con ramificaciones supranacionales, lo congruente es que el Ministerio Fiscal pida el traslado de la instrucción sobre Jordi Pujol a la Audiencia Nacional, donde ya reside el sumario de Jordi Pujol Ferrusola. No tendría mucho sentido que, pese a los nexos y concomitancias tan notorios en el proceder de los tres, se diseminara la investigación en diferentes juzgados, contradiciendo el principio de la unidad de investigación. Pero al mismo tiempo que la maquinaria judicial se pone en marcha, y esperemos que esta ocasión lo haga con mucha más diligencia y agilidad de las que nos tiene acostumbrados, es necesario que también se investiguen las responsabilidades políticas. Todos los partidos catalanes, excepto CiU, aprobaron ayer la comparecencia de Jordi Pujol ante el Parlament. No será antes de septiembre y está por ver en qué formato. Nada es más necesario que el ex presidente de la Generalitat durante 23 años dé la cara, pero tampoco es suficiente. Es inexcusable constituir una comisión de investigación en la propia cámara autonómica para que delimite no sólo unas conductas políticas que erosionan la dignidad de las dos principales instituciones catalanas, sino también para que exhume las relaciones ocultas que pudieran existir con un relevante diputado autonómico, Oriol Pujol, obligado a dimitir por su imputación judicial. En cualquier país democrático sería impensable que su Parlamento no investigara las conexiones entre un ex presidente que se confiesa defraudador y un hijo que es imputado por la Justicia.