Con el empleo de Navantia no se juega

Arabia Saudí es el principal aliado de Occidente en Oriente Próximo, una de las zonas estratégicas del tablero internacional altamente volátil, en la que se está librando una dura pugna entre las dos grandes confesiones del Islam: la chiita, dominada por Irán, y la sunita, que encabezan los saudíes. Los distintos conflictos abiertos en Siria, Irak y Yemen, principalmente, dan cuenta de la extensión y gravedad de un enfrentamiento que corre el riesgo de convertirse en una guerra a gran escala en la que, sin duda, acabarían por verse involucrados la OTAN y Rusia, en bandos opuestos. Arabia Saudí, que ha sentido en carne propia la amenaza que suponía el programa nuclear iraní, ha recurrido a sus aliados en Europa y Estados Unidos para llevar a cabo un programa de rearme que disuadiera a su adversario en potencia y, al mismo tiempo, se ha visto obligada a intervenir militarmente en Yemen en defensa del Gobierno de Saná, en jaque tras la rebelión de las milicias chiies respaldadas por Irán.

En estas circunstancias, nada tiene de extraño que España, cuyas relaciones con el Gobierno de Riad son excelentes desde hace muchos años, mantenga programas bilaterales de defensa, hasta el punto de que Arabia Saudí se ha convertido en el quinto cliente más importante de nuestra industria militar, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía. Esta relación fluida, que se extiende al campo de la construcción civil de grandes infraestructuras, había permitido a Navantia, referente de la industria naval española, conseguir un contrato para la construcción de cinco corbetas destinadas a la Marina saudí que importa 1.800 millones de euros y que no sólo supone garantizar la carga de trabajo de los astilleros para los próximos cinco años, con unos 6.000 empleos, sino que robustece la proyección internacional de una empresa española que ya compite en calidad y desarrollo tecnológico con las principales del mundo. Pues bien, este contrato, conseguido tras una lucha a brazo partido con la competencia británica, está en serio peligro tras una decisión intempestiva del nuevo Gobierno socialista que decidió suspender la entrega a la Fuerza Aérea saudí de un lote de 400 bombas guiadas por laser, excedentes de nuestro Ejército del Aire, que ya habían sido pagadas y consignadas.

La afrenta gratuita a Riad, sobre la que no rige embargo de armas alguno y que ya viene acusando la presión política de la extrema izquierda española –muchos de cuyos actuales representantes en Podemos habían mantenido estrechas y conocidas relaciones con los gobiernos de Irán–, se ha traducido en una advertencia, todavía oficiosa, de ruptura de contrato que ha llevado a los trabajadores de Navantia, justamente alarmados por la posible pérdida de unos puestos de trabajo que son vitales para la Bahía de Cádiz, una de las zonas de España más castigadas por el desempleo, a dar la voz de alarma. Aunque la situación no deja de ser preocupante, lo cierto es que nada hay definitivo. Ayer, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, rebajó la decisión de Defensa de cancelar la venta de las bombas a una mera «declaración de intenciones» que, en cualquier caso, debe ratificarse en una comisión interministerial. Es, sin duda, un buen paso para solucionar la «discrepancia diplomática», en palabras del Ejecutivo español, surgida con Riad, aunque, de hecho, suponga una nueva rectificación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, urgido desde el PSOE andaluz y la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, a corregir el yerro. Pero, también, abre un nuevo frente interior en Podemos, dividido entre su vocación antisaudí y los intereses electorales de su formación en la provincia de Cádiz.