Con las pensiones no se juega

La cuestión de fondo de las pensiones no es en qué porcentaje deben revalorizarse cada año, sino cómo garantizar su prestación de aquí a los próximos veinte años. Es deplorable que la oposición –en especial el PSOE, porque su experiencia de gobierno debería inducirle a mayor prudencia– se haya encasquillado en un debate de corto alcance y en si los jubilados perderán poder adquisitivo con una subida del 0,25%. A nadie le gusta perder capacidad de compra, desde luego, pero cuando lo mejor es enemigo de lo bueno, la obligación de un Gobierno responsable es elegir la opción que evite la quiebra del sistema. Preservar los derechos de los pensionistas exige, en las difíciles circunstancias demográficas y económicas de España, un esfuerzo compartido y equitativo de todos los actores, también por parte de los pensionistas. La información dada ayer por la ministra de Empleo según la cual será necesario sacar 6.148 millones de euros de la hucha para pagar las pensiones hasta diciembre es bastante significativa de las incertidumbres a las que se enfrenta la Seguridad Social. Teniendo en cuenta que en el Fondo de Reserva quedan unos 60.000 millones de euros, no es difícil prever su progresivo vaciamiento de aquí a pocos años. Los estudios sobre la evolución de los ingresos y los gastos calculan que en dos décadas se producirá un desfase de un 4%, de forma que el déficit será equivalente al 4% del PIB, es decir, más de 40.000 millones de euros. Por muy bien que evolucione la economía, no será suficiente para acortar la brecha demográfica que separa a los cotizantes de los jubilados; éstos serán cada vez más y vivirán más. Así es la cruda realidad y de nada servirá desviar el foco del debate, como hace la izquierda, para no afrontarla. Edulcorar el problema con discursos populistas es una irresponsabilidad manifiesta. La viabilidad de la Seguridad Social requiere decisiones de largo recorrido y, precisamente por eso, no es tarea que competa sólo al Gobierno, sino también a la oposición que aspira legítimamente a volver a gobernar. En el año 2010, al PSOE no le tembló el pulso a la hora de congelar las pensiones para frenar la dramática escalada del déficit. Hizo lo que creía más conveniente para todos los españoles, no sólo para los jubilados. Pues bien, lo más conveniente ahora es abordar con realismo la cuestión y consensuar las medidas, como casi siempre se ha hecho, en la comisión del Pacto de Toledo. Las excusas dadas por los dirigentes socialistas para no pactar resultan poco convincentes y carecen de rigor. La metodología diseñada por el Gobierno de Rajoy no es muy distinta a la que adoptaría un gobierno socialista serio. Pero es más cómodo abonarse al populismo que asumir la responsabilidad de pensar en las próximas generaciones en vez de en las próximas elecciones.