Conclusiones de una tragedia

Se cumple hoy un mes del terrible accidente en la curva de A Grandeira, a la entrada de Santiago de Compostela, la mayor tragedia ferroviaria ocurrida en España en cuatro décadas, y que dejó 79 personas muertas y 150 heridas. En este tiempo, la mayoría de los lesionados ha sido dado de alta –aún permanecen 14 hospitalizados– y se ha avanzado mucho en la investigación de las causas que desencadenaron la catástrofe. Los hechos parecen claros: el tren Alvia que realizaba la línea Madrid–Ferrol entró a 190 kilómetros por hora en una curva limitada a 80. El maquinista del convoy, Francisco José Garzón, pese a su dilatada experiencia en ese tramo del recorrido, no cumplió los protocolos de seguridad por «un despiste», según su propia declaración. Al error humano contribuyó una llamada telefónica del interventor del tren, sobre una cuestión menor de servicio, que se prolongó hasta once segundos antes del accidente. La «caja negra» revela que el maquinista escuchó el aviso de proximidad de la curva mientras hablaba, pero que no reaccionó. El juez Luis Aláez, encargado de la investigación judicial, considera, sin embargo, que la responsabilidad de lo ocurrido debe extenderse a los técnicos de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, por «omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial», aduciendo la inevitabilidad de que, tarde o temprano, se produjera un fallo humano en ese tramo de la vía. El auto del juez, confuso en su redacción, obvia, sin embargo, que las medidas de seguridad eran las adecuadas, de acuerdo a los criterios técnicos de la UE, para un tramo que no estaba considerado como de alta velocidad, a causa de un cambio en el trazado de la línea y situado en un área urbana consolidada y a la entrada de una estación. Un tramo cuya dificultad relativa era, además, de sobra conocida por el maquinista, que siempre realizaba la misma ruta. Es loable la pretensión del magistrado de buscar la seguridad absoluta, aunque se trate de algo tan utópico como pretender la infalibilidad de los jueces. Lo que no significa que no se deban extraer la conclusiones precisas para mejorar las medidas de seguridad, como desde el primer momento planteó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en una comparecencia parlamentaria en la que se consiguió evitar por parte de los grupos de la Cámara la politización de la tragedia, con la consiguiente manipulación de las víctimas, con las que se volcó toda España de una manera entrañable. Es preciso que nuestros políticos mantengan esa conducta responsable, pese a las incitaciones extremistas, que debería ser la norma y no la excepción. Las víctimas, que se hacen la inevitable pregunta de por qué les ocurrió a ellos, merecen respeto y respuestas que no estén condicionadas por intereses partidistas.