Contratos a investigar

Mientras el Gobierno de la Generalitat de Cataluña detallaba partes de la infraestructura para el simulacro del 9-N, con una fantasmagórica escenografía que aumenta día a día el estupor general, otra realidad emerge en el otrora oasis catalán. LA RAZÓN desvela hoy la adjudicación de millonarios contratos oficiales de la Administración catalana a empresas de informática y telemática vinculadas a uno de los cuñados y a una sobrina del actual presidente de la Generalitat. Joan Antoni Rakosnik se habría beneficiado de la sorprendente generosidad de los gabinetes que integraba Artur Mas a través de operaciones encubiertas legalmente bajo el difuso epígrafe de «razones de seguridad» y utilizando un procedimiento concursal – el denominado «Diálogo Competitivo»– que no se compadece con la normativa al uso. Las fechas de las adjudicaciones bajo sospecha abarcarían tanto el periodo en el que Artur Mas fue conseller en cap con Jordi Pujol como Molt Honorable, como el de su actual Presidencia. No se trata de pequeñas partidas o de anecdóticas concesiones, casi irrelevantes por su nimia cuantía, sino que hablamos de cifras que se acercan a los doscientos millones de euros. El asunto exige, por la calidad pública de los implicados, una investigación judicial rigurosa y a la mayor brevedad posible, ya que a nadie se le escapa la trascendencia política del enredo por la significación institucional de sus protagonistas. Aunque con todas las garantías precisas y la presunción de inocencia preservada, conviene, además, que la actuación de los jueces y fiscales sea rápida y transparente –por supuesto, dentro de las previsiones de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal–, no sólo por la protección de su honor que asiste a Artur Mas en su doble condición de ciudadano español y máximo representante público del Estado en Cataluña, sino para que en ningún caso se pueda interpretar que la denuncia responde a otro fin que no sea el de la prevalencia de la Justicia. Cualquier otro escenario esquivo o dilatorio en los procedimientos sólo haría que ahondar en las suspicacias y, de paso, en la de-safección de los ciudadanos hacia nuestra clase política. Tampoco, obviamente, se trata de aventurar o de alimentar juicios paralelos ni de extraer conclusiones precipitadas al margen de las instancias judiciales. Todo lo contrario. Pero las cautelas no significan que se indague con el freno de mano puesto. En todo caso, conviene no mezclar el contencioso político que vive Cataluña en estos momentos con las posibles circunstancias judiciales derivadas de episodios administrativos que afectan a determinados gestores públicos. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, y la Justicia, el deber de proporcionársela con rapidez. Este caso no puede ser una excepción.