Criminales contra la humanidad

El Estado de Derecho tiene el deber de utilizar los medios a su alcance contra el terrorismo y castigar a los culpables con todo el peso de la Ley. La Justicia alcanza así su máxima dimensión y significado. No hablamos de legislaciones de excepción, ni de instrumentos ajurídicos ni de atajos procedimentales, sino de aprovechar la legislación penal establecida en los ordenamientos nacional e internacional y, por tanto, de una respuesta escrupulosamente democrática. En este punto, como adelanta hoy en exclusiva LA RAZÓN, la Audiencia Nacional ha dado un salto cualitativo de hondo calado y trascendencia en la respuesta jurídica a ETA. El Tribunal se ha declarado competente para investigar a la banda por delitos de lesa humanidad a raíz de una denuncia presentada por víctimas del terrorismo relacionada con atentados cometidos algunos de ellos en la década de los años 80. La decisión coincide con la presencia de una delegación de Covite –las víctimas del terrorismo del País Vasco– en La Haya para instar a la Corte Penal Internacional a que emprenda una investigación y proceda contra ETA y Batasuna precisamente por crímenes contra la humanidad. Las consecuencias de que la investigación en la Audiencia Nacional llegue hasta el final serían de una enorme repercusión, en la medida en que estas conductas delictivas no prescriben, es decir, pueden ser perseguidas siempre y en todos los países, porque tampoco existen las fronteras para ellos, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Nuestro Código Penal establece además como delitos de lesa humanidad «el ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella» y habla de una acción «por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho Internacional». Es complicado no compartir que la brutal actividad terrorista de ETA encaja en esa catalogación. Los terroristas planificaron y desarrollaron una estrategia de aniquilación de una parte específica de las sociedades vasca y española y si su aterrador balance no fue aún mayor cuantitativamente hablando se debió a la eficacia de las Fuerzas de Seguridad y a la determinación de los demócratas. ETA no asesinó más porque no pudo; no porque no quiso. Ahora que la Justicia se plantea la posibilidad de tipificar sus crímenes como actos contra la humanidad, debemos celebrar la posibilidad de que la banda entre en la categoría de las grandes abominaciones de la historia de las sociedades civilizadas y que su persecución no acabe hasta que todos y cada uno de sus miembros se hayan sometido al veredicto inexorable de la Justicia universal.