Decretazos electorales

Que Pedro Sánchez iba a gobernar en precario, pocos lo dudaban. Que lo hiciera a golpe de decretos, ya nos lo anunció sin el menor rubor al comprobar él mismo su absoluta minoría. El decreto es un recurso legislativo que se emplea por razones de urgencia –aunque luego deba convalidarse en el Congreso en el menor tiempo posible; un mes es lo prescrito–, pero siempre por ser un «caso de extraordinaria y urgente necesidad», como indica la Constitución en su artículo 86. Otra cosa es utilizar esta prerrogativa de forma abusiva motivado por la minoría política en la que se encuentra el Gobierno, como es el caso, obligado a convocar elecciones por no conseguir el apoyo de sus socios para aprobar los Presupuestos, según el motivo oficial esgrimido. El pasado 16 de noviembre, el presidente del Gobierno advirtió de que si no encontraba respaldo para sacar adelante las cuentas «nos iremos a modificaciones de reales decretos de los presupuestos heredados de la época de Rajoy». Es decir, decretos a cargo de partidas inexistentes. Es cierto que todavía no se habían celebrado las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, la pérdida de la Junta y la única lectura posible del resultado: el electorado socialista castiga el «diálogo» con los independentistas. Si bien es el propio gobierno quien decide cuando existe una «urgente necesidad», es evidente que en la batería de decretos aprobados ayer, a unos días de la disolución de las Cortes –el martes 5– y antes de la celebración de los comicios del próximo 28 de abril, hay una clara intencionalidad electoralista. Lo que el Gobierno no ha sido capaz de legislar en nueve meses lo quiere hacer con el calendario electoral deshojándose, dado, por un lado, lo improvisado de su moción de censura y la falta de programa y, por otro, su precaria mayoría dependiente de los partidos independentistas, cuya misión no es precisamente la de gobernabilidad. No hay ningún motivo para que los tres decretos aprobados ayer no hubiesen sido presentados antes en el Congreso, cuando, además, no están reflejados en los Presupuestos. El primero, el que se refiere a las medidas en materia de vivienda y alquiler había sido tumbado anteriormente por Unidos Podemos, socio principal del Gobierno. El segundo, sobre igualdad salarial entre hombre y mujeres, que incluye la ampliación progresiva del permiso de paternidad, podría haberse debatido en sede parlamentaria, siendo un tema en el que hay más consenso que lo que el sectarismo gubernamental está interesado difundir, aunque está claro que la celebración la semana próxima del Día de la Mujer, el 8-M, es realmente tentador electoralmente. El tercero, referido a los planes de contingencia para el caso de un Brexit duro, en el supuesto de que se produzca, es un tema que hubiese requerido la participación de la oposición a pesar de que son medidas de límite temporal y unilaterales. En definitiva, Sánchez ha vuelto a hacer un uso patrimonial –de su propia imagen y de su partido– del Consejo de Ministros, un hecho que el líder del PP, Pablo Casado, ha definido de «escandaloso», ya que es una anormalidad que el Gobierno apruebe decretos con las Cortes disueltas y, en todo caso, use electoralmente la Diputación Permanente, algo inédito hasta ahora. El final de la legislatura podría haber sido más honroso para la labor de las cámaras, pero desde la constitución de este Gobierno con un pacto con los independentistas hacía inviable una labor más positiva. Era evidente que con 84 diputados no se puede gobernar, incluso más allá de una ambición desmedida. El uso abusivo del decreto tiene el riesgo de que las Cortes pierdan su papel de control. Si, además, hay un uso electoralista, se está produciendo un daño que ningún régimen parlamentario serio puede soportar.