Desidia institucional

Hace más de tres años que duerme el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional el recurso que interpuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra la Ley de Consultas de Cataluña, que fue aprobada por el Parlamento autónomo en marzo de 2010. Gobernaba el tripartito catalán y el Ejecutivo central entendió que la nueva legislación, que preveía la convocatoria de referendos, incluso sobre cuestiones de especial trascendencia política, sobrepasaba las atribuciones de la Generalitat y del Parlamento catalanes y, en consecuencia, ordenó su suspensión automática, de acuerdo con el artículo 161.2 de la Constitución, y presentó el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido a trámite el 17 de febrero de 2011. Pero si bien el pleno del Tribunal Constitucional, presidido en aquellos momentos por el magistrado Pascual Sala, decidió apresuradamente levantar la suspensión de la ley catalana sin apurar el plazo de cinco meses, el ponente de la causa, Luis Ignacio Ortega Álvarez, no ha demostrado el mismo celo a la hora de resolver el recurso gubernamental. La cuestión no ha tenido, en principio, mayor gravedad, por cuanto la norma, que está actualmente en vigor, establece la necesaria autorización previa del Gobierno de la nación para plantear una consulta a los ciudadanos, pero, ciertamente, habría sido de gran ayuda en las actuales circunstancias que el Constitucional hubiera resuelto las dudas sobre su legalidad y fijado doctrina, cegando definitivamente el camino a nuevas iniciativas del mismo tenor, como la que ha puesto en marcha, esta vez arrogándose la competencia exclusiva, el Gobierno que preside Artur Mas, cuyo texto legal está previsto que se apruebe por el Parlamento de Cataluña el próximo 19 de septiembre. Frente al desafío separatista, todas las instituciones del Estado –y el Tribunal Costitucional es una de las más importantes– deben actuar de manera inequívoca, transparente y con la celeridad que no ha acompañado, precisamente, este caso. No es de recibo que se eternice la resolución de unos recursos de tanta trascendencia política e institucional que atañen, no lo olvidemos, a la soberanía nacional y a la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos. No nos cabe duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como ayer reiteró claramente su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, tiene preparado todo el arsenal jurídico y constitucional para impedir que se conculque la legalidad, pero no estaría de más que el resto de las instituciones concernidas tomaran conciencia de lo que está en juego. Por supuesto, sin buscar atajos a la Ley, que debe ser cumplida escrupulosamente, pero sin admitir que la desidia entierre en polvo de estantería asuntos que tanto a todos interesan.