Desigual ante la Ley

No demuestran excesiva confianza en el correcto funcionamiento de la Justicia española y en su imparcialidad quienes, desde la representación política, consideraron ayer que el procesamiento de Doña Cristina de Borbón por el magistrado José Castro servirá para convencer a los ciudadanos de que la Ley se aplica respetando el principio constitucional de igualdad ante la ley de todos los españoles. Como si el hecho de sentar a toda una Infanta de España en el banquillo de los acusados fuera preciso para ahuyentar los fantasmas de unas supuestas prácticas judiciales de dudosa legitimidad. No. La dignidad, eficacia e imparcialidad de nuestro sistema de Justicia hubieran quedado igual o mejor servidas de haberse respetado los derechos constitucionales de Doña Cristina, con sujeción estricta a la legalidad vigente, aunque se hubieran tenido que arrostrar presentidas acusaciones de trato desigual. La verdad, sobre todo la que emana de los jueces, no puede depender de la aprobación social o del juicio previo. Porque el hecho cierto es que la Infanta Cristina ha sufrido un «trato especial» y ha sido examinada de acuerdo a su estatus personal y no a su comportamiento individual. Tanto es así que quedará para los anales de la práctica jurídica una decisión que se acoge a los votos particulares de una sentencia, procesalmente irrelevantes, y no a la doctrina consolidada y, por lo tanto, vinculante del tribunal sentenciador. Igualmente quedará para los anales que un simple procedimiento instructor pretenda resolver, enmendándolas, cuestiones de la legitimación acusatoria como es la aplicación de la «doctrina Botín». Y dejará perplejos a los estudiosos del futuro que de los 54 folios de «fundamentos jurídicos» redactados por el juez Castro, nada menos que 40 se refieran a la Infanta, no siendo una de las principales encausadas. Pero los hechos son tozudos y ni siquiera la alquimia procesal puede enervar una jurisprudencia del Tribunal Supremo, convertida en vigente ley, que impide mantener una acusación en contra de la Fiscalía y de la representación de los directos perjudicados. Doctrina que, además, se viene aplicando con normalidad en todos los tribunales españoles donde se ha suscitado. Tal vez muchos consideren que la imagen de la Infanta Cristina sentada ante un tribunal de Baleares satisfará a una sociedad atribulada por la crisis, que ya ha juzgado sumariamente hechos y conductas y que reclama enérgicas medidas contra la corrupción, pero eso no evitará la realidad de que, en su caso, se ha empleado una doble vara de medir. Como reclamaba ayer su defensa, no se pide trato de favor alguno, sólo que se aplique la Ley y se respete la doctrina jurisprudencial. Así de sencillo.