Dirigentes bajo sospecha

La reactivación de varios casos de corrupción política en Cataluña y el afloramiento de otros nuevos dibujan un panorama muy preocupante, no sólo por su naturaleza y extensión, sino también por la relevancia institucional de las personas implicadas. Poniendo siempre por delante la presunción de inocencia, no es nada tranquilizador que políticos como Oriol Pujol, dirigente de CiU e hijo de quien fuera presidente de la Generalitat durante más de veinte años, tengan varios frentes judiciales abiertos, como ha venido revelando nuestro periódico. La posición clave que ocupa este nacionalista en el contexto institucional convierte su caso en especialmente delicado, hasta el punto de que más pronto que tarde le obligará a tomar decisiones sobre sus responsabilidades políticas. No menos inquietantes son las investigaciones en curso sobre las finanzas personales y familiares del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. Por más que las informaciones divulgadas durante la campaña electoral estén rodeadas de cierta nebulosa sobre su origen y fiabilidad, lo cierto es que el líder de CiU no ha sido capaz de despejar las dudas de forma convincente e inapelable. Teniendo en cuenta que, con toda probabilidad, seguirá al frente de la Generalitat gracias al apoyo de ERC, el horizonte no resulta nada tranquilizador para los catalanes. Un presidente bajo sospecha no es precisamente lo más conveniente en la dura coyuntura actual. Si a ello sumamos las derivadas del «caso Palau», que apuntan directamente a dirigentes nacionalistas, y la llamada «operación Mercurio», que ha golpeado a destacados socialistas catalanes, se comprende fácilmente la alarma que reina en la opinión pública. Según el barómetro del Centro de Estudios de Opinión, el 79,5% de los encuestados cree que en Cataluña hay «mucha o bastante» corrupción, un problema que el 92,8% considera muy o bastante grave. La percepción general es que la corrupción ha ido en aumento, con el agravante de que el 83,9% piensa que los partidos políticos tienen poco o ningún interés en combatirla. En este punto, resulta elocuente que el 90% de los catalanes apunte a la financiación de los partidos, de ahí que el 97,3% esté persuadido de que dentro de las formaciones políticas anidan las corruptelas. La contundencia de estos porcentajes es inapelable y debería llevar a los políticos catalanes a un serio examen y a poner los medios para recuperar la confianza de los ciudadanos. Cuando en una sociedad se generaliza la sospecha hacia sus representantes y sobre sus instituciones, es que padece una grave enfermedad. Pero cuando esa misma sospecha alcanza a sus primeros gobernantes, entonces es mucho más alarmante. Y no están los tiempos, que exigen muchos sacrificios, para gestores sin credibilidad.