El 155, como arma electoralista

La campaña electoral que se avecina presenta demasiados flancos abiertos para los cuatro partidos que, en realidad, cuentan y, en consecuencia, llena de dudas a los distintos comités de planificación política sobre la estrategia a seguir. Hay, sin embargo, un punto de coincidencia general al atribuir a la crisis en Cataluña el eje sobre el que debe discurrir el relato de los candidatos, incluso, por encima de asuntos tan acuciantes o más, como son la ralentización del crecimiento de nuestra economía, que ya se anuncia en las peores previsiones del PIB, y la caída del mercado laboral. Se nos dirá que tanto los problemas que plantea la sedición institucional en el Principado, –azuzada desde el separatismo con la intención de amedrentar a los jueces del Tribunal Supremo que, en este preciso momento ultiman la redacción de la sentencia contra Oriol Junqueras y el resto de los políticos juzgados por el golpe independentista– como el deterioro de la situación económica, con múltiples indicadores con las luces rojas de alarma encendidas, tenderían a favorecer a las formaciones de centro derecha frente al partido del Gobierno y que, así, vienen reflejándolo la mayoría de los sondeos de opinión. Y, sin embargo, la gestión de la previsible escalada de la tensión en Cataluña, en donde ya se adivinan los primeros indicios de una reedición de la rebelión protagonizada por la Generalitat y la Cámara autonómica, no sólo puede opacar el discurso socioeconómico de los candidatos, sino dar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, unos triunfos plausibles a poco que sea capaz de manejar bien la situación. Como hoy publica LA RAZÓN, los estudios demoscópicos indican que la mayoría de la población se vuelve hacia quien tiene la responsabilidad ejecutiva cuando se trata de solventar una crisis importante, y la catalana lo es, con independencia de consideraciones ideológicas. Es decir, que Sánchez se vería reforzado si mantiene una actitud de firme defensa del orden constitucional, para lo que reclamaría la asistencia y apoyo de los otros partidos constitucionalistas, PP y Ciudadanos, desactivando la campaña de presión por el 155 que, previsiblemente, pondrían en marcha estos últimos. Es más, incluso la suspensión de la Administración autonómica entraría en los planes del propio Sánchez, como golpe de efecto electoralista. No se trata ahora, por supuesto, de evaluar las bondades y riesgos de tal decisión, sino de advertir a Pablo Casado y a Albert Rivera de que entablar con los socialistas una carrera por la radicalidad antinacionalista sólo puede favorecer el discurso de VOX, además, naturalmente, de situar a Pedro Sánchez en una posición a caballo entre la moderación y el papel de guardián de la Ley. Porque es evidente que el candidato socialista y su equipo asesor están tratando de manejar los tiempos, con Cataluña como pivote, una vez descartada cualquier posibilidad de acuerdo de investidura con los partidos separatistas catalanes, al menos, mientras se mantengan vivos los ecos de la sentencia del Tribunal Supremo. Incluso, aunque perjudicara, lo que es dudoso, la posición electoral de los socialistas catalanes, los cálculos de Sánchez se dirigen a un electorado mucho más amplio. Ayer, el mismo dirigente político que aceptó, en un hecho insólito, negociar en Pedralbes la hoja de ruta del separatismo catalán, cambió a ese discurso nítido y firme de defensa constitucional al que antes nos referíamos, con advertencias directas hacia los separatistas, rechazo a la manipulación de los políticos presos por parte de la Generalitat, subordinación de cualquier diálogo al cumplimiento estricto de la Ley y demostración de orgullo patrio hacia la labor que desempeña la Guardia Civil. Todo lo que, al parecer, en Mariano Rajoy era crispación.