El ataque a la Guardia Civil retrata al separatismo

A medida que se aproxima el 1-O, la Generalitat, los diputados separatistas y los altos cargos de la Administración catalana sienten cerca las consecuencias de sus embates contra la legalidad. El vértigo es grande porque, más allá de poses grandilocuentes, los protagonistas de este proceso sedicioso son conscientes de que sus actos no son inocuos. El círculo de fanáticos del que se ha rodeado Carles Puigdemont para recorrer los últimos pasos al despeñadero de la historia intenta una defensa imposible. Saben bien que su relato falsario no cuela, pero insisten en embarrar el escenario. El gobierno independentista denunció ayer a los miembros de la Guardia Civil que han interrogado esta semana a varios altos cargos secesionistas en relación con las diligencias policiales y judiciales sobre los preparativos del referéndum ilegal. El consejero Jordi Turull atribuyó a los agentes cinco delitos graves, además de una voluntad de «intimidación y coacción», al tiempo que amenazó también de forma implícita al juez instructor. Obviamente, Puigdemont y Turull están en su derecho de acudir a los tribunales, pero su bravata judicial no se sostiene ni el fondo ni la forma más allá de su intención de alimentar su imagen como víctimas de una guerra sucia del Estado contra Cataluña. Es una estrategia desesperada y condenada al fracaso. Ni la acción del Gobierno ni la de la Justicia se detendrán. Cada uno estará en su sitio contra aquellos que pretenden impedir que la Ley y la democracia prevalezcan y de paso convertir a Cataluña en una caricatura desgraciada de lo que fue.