El bloqueo político afecta de manera directa a las pensiones

La Razón
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Llevamos siete meses con un Gobierno en funciones y, sin embargo, el país sigue funcionando con normalidad, tanto los servicios básicos, la Administración general del Estado como, lo que es más importante, el conjunto de la sociedad, que desarrolla su actividad con absoluta normalidad. Sin embargo, los planes de futuro y las inversiones están paralizadas y empieza a haber serios problemas para cumplir con determinados compromisos. Un ejemplo claro es la parálisis que sufrirían las pensiones si no se aprueban los Presupuestos Generales en el plazo previsto. El Gobierno se comprometió a un aumento del 0,25%, así como a un 1% en la remuneración de los funcionarios, pero si las cuentas públicas no llegan al Parlamento antes de que acabe el mes de agosto, será tarde para que se aprueben. La normativa vigente obliga a que se cumpla un calendario muy estricto para salgan adelante los Presupuestos. Es decir, si la investidura tuviese lugar en septiembre, no se podrían cumplir los compromisos adquiridos y sólo cabría la prórroga de las cuentas. Aunque Mariano Rajoy trabaje para acelerar la investidura, se pondría en marcha un complejo proceso que se iniciaría, en primer lugar, por la aprobación del techo de gasto, cuyo paso por el Congreso es obligado, así como del decreto ley pertinente. No se quedarían ahí los trámites porque, siguiendo las negociaciones que mantiene el Gobierno en funciones en Bruselas sobre la nueva senda de déficit, las comunidades autónomas deben bajar al 0,3% y no al 0,7% previsto. Hablamos de un recorte de 4.000 millones. Estos ajustes no se improvisan, por lo que la urgencia por tener un Gobierno está plenamente justificada. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que cumplir con este calendario sería «más o menos razonable» para que sobre el 23 de septiembre se aprobase el techo de gasto por el Consejo de Ministros, y para que el proyecto de ley de presupuestos generales pudiese estar en el Congreso antes del 30. Más allá de esta fecha, supondría paralizar la subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Rajoy es consciente de esa situación y ha pedido al resto de fuerzas políticas, y de manera especial a PSOE y Ciudadanos, que haya un acuerdo de mínimos ligado a la investidura, lo que permitiría cumplir con lo fundamental: que la Administración funcione que no se vean afectados los servicios públicos. Pedro Sánchez y Albert Rivera conocen esta situación y deben clarificar cuanto antes sus posiciones sobre la investidura de Rajoy si finalmente éste es propuesto por el Rey, como todo indica que ocurrirá. El líder socialista no tiene otra salida que permitir que el PP gobierne. Así se lo han expresado varios ex ministros y Pérez Rubalcaba habló del «sentido común» que obliga a constituir cuanto antes un Gobierno. El diagnóstico de Susana Díaz no encierra dudas: el PSOE debe estar en la oposición porque así lo han dicho las urnas. Por lo tanto, sólo caben dos posibilidades: facilitar la investidura de Rajoy con la abstención o conducir al país a nuevas elecciones. Por su parte, el líder de Ciudadanos ha dado pasos fundamentales para desbloquear la situación y tiene información de primera mano sobre la preparación de los Presupuestos, por lo que prolongar su indefinición sirve de poco cuando, además, ya ha manifestado que por su parte nunca se llegaría a un desastre como volver a las urnas.