El debate sobre el IVA

España tiene que abordar en el presente ejercicio una ambiciosa reforma del sistema fiscal, con el objetivo declarado de reducir la carga impositiva a ciudadanos y empresas, sin que por ello se resientan los ingresos de la hacienda pública. Lo que puede parecer, a primera vista, la cuadratura del círulo, no es tal si se abordan las evidentes ineficiencias de un modelo recaudatorio que sitúa a nuestro país entre los que mayor presión fiscal soportan y, sin embargo, en el que la recaudación es proporcionalmente menor. La reforma, cuyas líneas maestras están en estudio por parte de una comisión de expertos que debe hacerlas públicas antes de que acabe el mes de febrero, se enmarca, además, en el debate a escala europea sobre el modelo fiscal común, cuyas prioridades y propuestas no tienen por qué tener en mente las debilidades y fortalezas de cada socio. Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desmintió que para este año se estuviera preparando una subida del IVA general al 23 por ciento, como demandan desde la Comisión Europea, pero no quiso adelantar qué directrices informarán los cambios de nuestro modelo impositivo y hasta qué punto se normalizará éste con el conjunto de la UE. Pero otros países que se enfrentan a la misma coyuntura, como Francia, han comenzado a adoptar medidas que se alejan de las recomendaciones de Bruselas, atendiendo a legítimos intereses nacionales. Así, el Gobierno de François Hollande ha decidido recortar el IVA que se aplica a las ediciones digitales hasta el 2,1 por ciento, equiparándolo al de las ediciones convencionales, en un claro desafío a las órdenes de Bruselas, que exigía un gravamen del 19,6 por ciento. Se trata de una medida impecable, que no sólo acaba con una discriminación absurda, sino que redundará en la mejora de la competitividad de las empresas francesas en un campo inmune a cualquier restricción a la libre competencia, como es el mundo digital. La medida, que recupera los principios de igualdad fiscal y neutralidad tecnológica, ha sido acogida con enorme satisfacción por todas las asociaciones de editores de Prensa de Europa, y marca el camino a seguir. Y no sólo en lo que se refiere a los medios de comunicación. No se entiende que un país como España, con una industria editorial de primer orden y un mercado potencial de 450 millones de hispanohablantes, lastre la edición de libros electrónicos con un IVA del 21 por ciento, frente al 4 por ciento que se aplica a la impresión tradicional, favoreciendo a los grandes competidores extranjeros que, como Amazon, operan desde países con ventajas fiscales y amenazan con monopolizar el mercado en español. Es preciso que cambie esta situación que, como ha demostrado Francia, está en manos del Gobierno de Mariano Rajoy.