El derecho a saber la verdad

Si algo ha hurtado a los catalanes la absurda e inconsistente campaña separatista de Artur Mas ha sido, sin duda, su derecho a conocer la verdad. Y no sólo en lo que se refiere a las circunstancias históricas y políticas de su pertenencia al resto de España como parte sustancial de su identidad, sino en lo que concierne a la propia realidad actual de Cataluña. A la restitución de ese derecho a saber, a conocer el enunciado del problema, está dedicando el PP catalán sus mejores esfuerzos. Por supuesto, no está solo. Lo demuestra el apoyo incondicional de todo el Partido Popular y del Gobierno a las iniciativas de Alicia Sánchez Camacho, como es la convención que hoy clausura en Barcelona el presidente Mariano Rajoy. Una labor de clarificación de conceptos a la que ayer contribuyeron, entre otros, la secretaria general de los populares y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal; el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuyo papel para rebatir la ignominiosa letanía nacionalista del «España nos roba» deviene fundamental. Precisamente, coincidió la intervención del ministro con el anuncio hecho por la agencia de calificación Fitch de que no se había degradado el crédito de Cataluña a la categoría de «bono basura», por cuanto se consideraba que el Gobierno central, mediante el Fondo de Liquidez Autonómica y otros mecanismos financieros, seguiría respaldando al Gobierno de Artur Mas, con independencia de las tensiones provocadas por la deriva de los nacionalistas. Lo que, en román paladino, quiere decir que una Cataluña que no contara con la solidaridad del resto de los españoles, que tuviera que bastarse a sí misma, estaría considerada como una entidad en quiebra y sin acceso ninguno a los mercados financieros. Cristóbal Montoro cuantificó el montante de este apoyo –unos 35.000 millones de euros, procedentes del FLA y del plan de pago a proveedores–, pero no quiso entrar en el memorial de agravios que tan caro es a los separatistas. Sí hizo un anuncio que tendrá trascendencia, por cuanto se propone corregir la percepción errónea que muchos ciudadanos españoles han adquirido, ciertamente manipulados desde los nacionalismos, que atribuye a los territorios la distribución de las cargas impositivas, en lugar de a los ciudadanos. El titular de Hacienda confirmó que prepara un cambio en la metodología de las balanzas fiscales autonómicas –que pasarán a denominarse «cuentas públicas regionalizadas»– para establecer qué nivel de servicios recibe cada español y cuánto es su coste. Una medida muy acertada, puesto que las comparaciones regionales, siempre interesadas, sólo sirven para distorsionar la realidad de un país que es más fuerte y tiene más futuro mientras permanezca unido. Una nación de ciudadanos soberanos, libres e iguales, y no de territorios.