El dinero negro de UGT

No es de recibo que, ante el alud de denuncias y revelaciones de corrupción, la dirección del sindicato socialista UGT haya retrasado hasta enero un comité extraordinario para abordar el escándalo. La dilación es una afrenta a sus afiliados, que exigen a los responsables implicados que asuman responsabilidades «de una vez», ante lo que el propio secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, ha calificado de «actuaciones incomprensibles». No es sólo la presión externa la que está detrás de este cambio de actitud de unos dirigentes que prefirieron echar balones fuera y escudarse en una supuesta campaña antisindical, hasta que la realidad, con una abrumadora lluvia de indicios y denuncias documentadas, ha acabado por imponerse. No. Como hoy revela LA RAZÓN, desde que la Audiencia Nacional admitiera a trámite, a mediados de este mes, la querella del sindicato Manos Limpias contra la organización federal de UGT, extendiendo la investigación sobre el fraude de los fondos del desempleo desde Andalucía a todo el territorio nacional, los querellantes están recibiendo centenares de correos electrónicos, tanto anónimos como respaldados por nombres y apellidos, de delegados sindicales, ex trabajadores y simples afiliados, que amplían las acusaciones a todo tipo de irregularidades, desde el pago de emolumentos en «B», es decir, en dinero negro, hasta la existencia de primas en metálico por cada delegado conseguido en las empresas, pasando por las quejas ante la ausencia de democracia interna y el exceso de dirigismo de la cúpula del sindicato. Independientemente del uso que haga de estos correos electrónicos la acusación, lo que está saliendo a la luz retrata la decadencia de una organización más que centenaria, que fue referente en el movimiento sindical de la izquierda, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos y convertida en un apéndice institucional más del PSOE. Una organización sostenida con fondos públicos, burocratizada hasta extremos inconcebibles y, por lo tanto, cautiva de unos compromisos que poco o nada tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. Se impone a la dirección de la UGT la misma línea de actuación que ellos reclaman con rigor ante las denuncias de corrupción atribuidas a otros, si es que quieren recuperar el prestigio perdido ante la sociedad. Cándido Méndez lleva demasiado tiempo escudándose en excusas pueriles y victimistas, que ya nadie cree, ni siquiera sus propios afiliados que, indignados, exigen una reacción determinante ante un espectáculo que rebasa lo imaginable y que ya es imposible circunscribir a una sola federación. Tiene el deber de encabezar la depuración de responsabilidades y, llegado el caso, presentar su dimisión, que serviría de catalizador para la regeneración debida.