El dislate independentista de Mas lastra la economía española

Cualquiera que analice serenamente el devenir de España en la larga lucha contra la crisis coincidirá en la apreciación de que uno de los instrumentos fundamentales que han hecho posible la salida de la recesión económica ha sido la estabilidad política, encarnada en un Gobierno respaldado por una amplia mayoría parlamentaria. No hay que irse muy lejos para valorar en su justa medida este hecho, pues basta con recordar que Italia tuvo que designar a un primer ministro, Enrico Letta, sin pasar por las urnas, en una medida anómala en un sistema democrático pero que se entendió como inevitable para que el país afrontara el proceso de reformas y ajustes que exigía su deteriorada economía. Hoy, España ha vuelto a la senda del crecimiento –de hecho es el socio de la Unión Europea que más ha incrementado su PIB–, ha estabilizado su sector bancario, ganado competitividad internacional y cumple con el programa de reducción de la deuda pública. Pero como vienen advirtiendo los distintos portavoces gubernamentales y reflejan, también, los analistas financieros, ni puede darse por sentada la recuperación ni la economía española está exenta de riesgos, más aún cuando los mercados internacionales acusan el retroceso de grandes como China o Brasil. No cabe duda, pues, de que el desafío separatista impulsado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, puede convertirse en un lastre mayor para las expectativas del conjunto de España, como ya lo está siendo para la propia Cataluña, independientemente de que sus posibilidades de éxito sean nulas. Como se vio en el caso del referéndum escocés, incluso cuando las encuestas de opinión daban ya franca ventaja a los partidarios de mantener la unión con Inglaterra, la libra esterlina perdía un 6 por ciento de su valor frente al dólar, el interés del bono a 10 años se encareció cinco puntos básicos y las acciones de las principales firmas con intereses en Escocia llegaron a perder hasta cinco mil millones de euros en la bolsa. En Cataluña, tras casi cuatro años de un Gobierno autónomo que ha renunciado a ejercer las funciones para las que fue elegido por los ciudadanos, el dislate nacionalista ha provocado la deslocalización a otros puntos de España de casi un millar de empresas – 246 de ellas se han radicado en Madrid–, una caída de la inversión extranjera del 15,8 por ciento, cuando en el resto de España se ha incrementado un 9,8 por ciento, y que el bono catalán, que respalda parte de la deuda de 60.000 millones de euros del Principado –la más alta de todas las comunidades autónomas–, tenga una prima de riesgo de 365 puntos básicos. Las consecuencias, como no podía ser de otra forma, también afectan negativamente al conjunto de la economía española, que, sin las tensiones provocadas por los separatistas catalanes, tendría, según los expertos consultados por LA RAZÓN, una prima de riesgo similar a la de Italia –100 puntos básicos– y no 40 puntos superior como ocurre ahora. Lo mismo reza para la inversiones de capital: el Banco de España avisa de que 21.700 millones de euros han salido de España en el mes de junio. De ahí que sea absolutamente conveniente que el Gobierno intensifique la línea de información seguida hasta ahora entre los mercados financieros y los principales gobiernos del mundo, trasladando la certeza y la convicción de que no habrá en ningún caso independencia de Cataluña, porque no es legal y, además, la mayoría de los catalanes la rechazan.