El futuro de la Justicia

La intervención, ayer, en la casa de LA RAZÓN, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, tuvo la virtud de ofrecer, más allá de las cuestiones coyunturales que a todos preocupan, un diagnóstico preciso y desapasionado de los males que aquejan a la Justicia española, persistentes en su esencia pese a los múltiples intentos de allegar soluciones llevados a cabo por los distintos gobiernos democráticos que se han sucedido en España. Pero la paradoja, como puso de relieve el magistrado, se da en que se trata de una percepción del problema trasversal a los dos grandes partidos políticos nacionales que, sin embargo, no llega a cristalizar en una reforma de consenso que acabe, al menos, con los dos grandes lastres: la creación de la segunda instancia penal –carencia funcional de nuestra organización judicial puesta de relieve en múltiples ocasiones por la Comisión Europea–, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada en el siglo XIX y que ha quedado obsoleta para hacer frente a las nuevas tipologías delincuenciales. En este sentido, no se anduvo por las ramas el presidente del Supremo cuando señaló ante una nutrida audiencia formada, principalmente, por jueces y fiscales, que la investigación de algunos de los delitos de corrupción hace agua ante la falta de adecuación procedimental de la legislación.Y ello ocurre en un país, como recordó Carlos Lesmes, que detenta la mayor tasa de litigiosidad de Europa –sólo por detrás de Rusia y la República Checa–, con una inversión en el sector de la Justicia por debajo de la media de la OCDE, que mantiene unas plantillas judiciales cortas –once jueces por cada cien mil habitantes, mientras que el número de abogados en ejercicio es de 276 por cada cien mil– y con un modelo de organización territorial que apenas ha variado desde que se implantaron los partidos judiciales en el ya lejano año 1834, que en nada se corresponde con la actual demografía del país, altamente urbanizada. Y, pese a todo, la Justicia funciona con notable eficacia, demostrando la fortaleza de una institución fundamental en la conformación del Estado. No se le oculta a Carlos Lesmes que la dispersión de las competencias de nuestra organización judicial entre trece comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial tiene buena parte de la responsabilidad de que no se hayan acometido las dos reformas más obvias, en las que han trabajado parlamentariamente tanto el PSOE como el PP. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha puesto en marcha la elaboración de la ley de doble instancia penal y tiene en estudio la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Deberían ser aprobadas cuanto antes y, ahí, no se entendería que los socialistas rechazaran el consenso.