El Gobierno debe rectificar ya el nombramiento de Soria

La decisión del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, de proponer a José Manuel Soria como Director Ejecutivo de España en el Banco Mundial ha sumido a la opinión pública en el desconcierto y, de manera especial, al Partido Popular, a buena parte de sus cargos directivos, líderes territoriales y militancia en general. Podrá justificarse que se atiene a las normas administrativas y que ha cumplido el reglamento para este tipo de designaciones, pero no estamos hablando de un funcionario cualquiera. Soria tiene un largo historial en la administración pública, pero sobre todo ocupando cargos políticos o de partido. Como Técnico Comercial del Estado ha ejercido sólo cinco años y, además, en puestos que desempeñó generalmente durante menos de un año. Por otra parte, no ha estado destinado en ninguna oficina comercial en el extranjero. A esto hay que añadir que no basta esgrimir una argumentación técnica que sólo tenga en cuenta su trayectoria profesional que, como queda claro, es más política que funcionarial. Es insuficiente decir que es el candidato de mayor antigüedad y el que más méritos reúne, según la Comisión Asesora de Evaluación del Ministerio de Economía: los cinco miembros que la componen son altos cargos del Gobierno, tres secretarios de Estado y dos directores generales. La composición muy parcial de dicho organismo sólo demuestra que se trata de un cargo de confianza. Pero, ante todo, Soria ha sido el ministro de Industria que tuvo que dejar el cargo al mentir a los españoles sobre su actividad como administrador de una sociedad «off-shore» de Panamá. Su persistencia en el engaño –lo que él calificó de «errores cometidos en los últimos días»– ocasionó la pérdida de confianza del presidente del Gobierno y el argumento de que no formaba parte de ninguna sociedad opaca quedó deshonrosamente desmontado por la publicación de un documento con su firma en una sociedad radicada en las islas Jersey. La propuesta para ocupar una plaza de altísimo rango en el Banco Mundial ha de recaer ante todo en un cargo de confianza. Algunos alegarán que la sociedad española se ha vuelto muy sensible y no acepta que los cargos públicos incumplan normas básicas de claridad y limpieza –efectivamente, aquello que el propio Soria dijo en su comunicado de dimisión de que «la política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar»–, pero así es: los españoles están exigiendo un comportamiento ejemplar. No se debería incurrir en el error de enrocarse en argumentos tan débiles que sólo servirán como munición contra el Gobierno, sobre todo porque la decisión tomada por De Guindos debe estar sometida al control del Parlamento. Es necesaria, por lo tanto, su comparecencia en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre una decisión de un Gobierno que, por más en funciones que se encuentre, tiene la capacidad de realizar este tipo de nombramientos. Dudamos, además, que Soria alcance «los máximos estándares de integridad» que exige el Código de Conducta del Banco Mundial. Sobre todo, hay dos aspectos claves. El primero, que Soria debería dar cuenta de sus negocios personales y familiares, algo complicado en estos últimos, ya que reconoció desconocer su existencia, incluso apareciendo su firma. El segundo es que dicho reglamento ético exige que no haya la menor sospecha sobre el alto cargo a designar. No es el caso. Lo más sensato, dado este error injustificable, es que el Gobierno retire cuanto antes el nombramiento de José Manuel Soria. La sociedad española, efectivamente, exige más.