El respeto debido a las urnas

Varias autodenominadas «plataformas ciudadanas» y la CUP, un partido político con representación en el Parlamento autonómico de Cataluña que se define como independentista, republicano de izquierdas y contrario a la Unión Europea, pretenden celebrar un remedo de referéndum regional, coincidiendo con la jornada electoral del próximo 25 de mayo. Su pretensión incluye el despliegue de urnas en los colegios electorales que se presten a ello –hasta el momento, afirman que cuentan con la colaboración de 300 ayuntamientos catalanes– y la distribución de papeletas con cinco preguntas de carácter dispar, una de las cuales, propuesta por la CUP y vinculada al «derecho a decidir», tiene una clara intencionalidad política. La Junta Electoral Central, en una decisión obvia, ha prohibido la celebración de la convocatoria porque entiende que puede condicionar a los electores y afectar a los principios de reflexión y regularidad, protegidos por la ley orgánica del régimen electoral general. No se trata de un asunto menor, por cuanto refleja la falta de respeto de amplios sectores de la izquierda por la democracia representativa, sus cauces de participación y, lo que es más grave, por los resultados que arrojan la urnas. Que, además, una formación que ocupa tres escaños en el Parlamento catalán y tiene un centenar de cargos electos en las administraciones locales, y que se declara abiertamente antieuropeísta, se apreste a desvirtuar un proceso electoral al que no concurre, no hace más que agravar las cosas. Si la ceremonia de las urnas, que es la culminación del proceso democrático, no goza de las máximas garantías de libertad y seguridad, se pervierte la raíz del sistema, que es la pretensión última de quienes, desde posiciones extremas minoritarias, que nunca obtienen el respaldo del voto popular, pretenden imponer sus ideas a la mayoría. La Consejería de Interior de la Generalitat debe mostrarse inflexible ante este desafío a las normas que rigen el proceso democrático y garantizar el cumplimiento de la Ley, más aún cuando los convocantes de las consultas irregulares han dicho públicamente que no están dispuestos a acatar la decisión de la Junta Electoral Central. No caben cesiones ni componendas, a las que, por otra parte, tan acostumbrados nos tiene la Generalitat, con grupos y plataformas, por muy afines que sean, que sólo acaban por reforzar actitudes que bordean los márgenes de la Ley y, además, extienden sobre la Policía autónoma catalana injustas sospechas de pasividad y parcialidad cuando se producen ataques intolerables a las libertades democráticas, como el que sufrieron el miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, a la salida de un acto electoral en Vilanova y la Geltrú.