El Rey vuelve a ser el protagonista

En la media noche de ayer venció el plazo prescrito para convocar nuevas elecciones, en el caso de que no existiera una mayoría suficiente para la investidura del nuevo presidente del Gobierno. Así ha sucedido después de dos meses de infructíferos intentos, poniéndose en marcha el plan previsto constitucionalmente. Según el artículo 99, «si transcurrido el plazo de los dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso». Ese plazo se ha cumplido y España vuelve a enfrentarse a unas nuevas elecciones en el plazo de seis meses y con la posibilidad de que el resultado forme idéntico mapa electoral. Sin embargo, la situación planteada tras el fracaso de la XI Legislatura es que, aunque la Constitución otorga al presidente del Gobierno la potestad de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, en esta ocasión Mariano Rajoy no lo puede hacer debido a que está en funciones. Nuestro ordenamiento jurídico tiene prevista esta situación, de manera que, de no ser posible que un candidato obtenga los apoyos necesarios para ser investido, es el Rey el que disuelve las Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Los pasos que se darán a partir de que se ponga en marcha de manera automática el artículo 99 de la Carta Magna son institucionalmente muy precisos y están estudiados al detalle para no incurrir en ningún vacío de poder, teniendo en cuenta, además, que es la primera vez que el presidente de las Cortes pone en marcha un decreto de convocatoria de elecciones automáticas, el cual presentará al Rey en La Zarzuela hoy a primera hora para que lo firme. Dicha ley será publicada inmediatamente en la edición digital del BOE y, al día siguiente, los diputados y senadores cesarán de sus cargos. En dicho mandato, en cuya elaboración ha participado el Gobierno, se especifica el calendario del proceso: el 13 de mayo será la fecha para presentar las coaliciones, el 18 las listas y el 10 de junio dará inicio la campaña electoral. Según las previsiones, el 20 de julio estaría constituido el nuevo Congreso y una semana más tarde el Rey podría iniciar las consultas. Y siguiendo estos cálculos, a mediados de agosto se celebraría la investidura del nuevo presidente del Gobierno, suponiendo que exista una mayoría suficiente y, claro, suponiendo que no se fuercen pactos –como ha sucedido en el anterior proceso de investidura–, que requieran un largo trámite de negociaciones y reuniones tácticas sin más objetivo que provocar la agonía de la legislatura y la convocatoria de nuevos comicios. Si los partidos políticos se atienen a las necesidades del país y no se repite un caso de falsa mayoría como el que provocó que Pedro Sánchez recibiera el encargo del Rey para alcanzar un pacto de gobierno, no debería prolongarse más allá de lo admisible una situación que supondría estar ocho meses sin Ejecutivo. Tampoco hay que olvidar que el jefe del Estado aplazó toda su agenda sin poder asistir a compromisos internacionales de importancia, con el riesgo, además, de que sea el propio Don Felipe quien deba desbrozar la situación proponiendo una investidura ficticia. Una vez que el Congreso no ha podido reducir plazos para las elecciones dado el evidente cansancio de la sociedad española y que, por ley, la campaña electoral no se puede acortar, sólo cabe hacer un llamamiento a las fuerzas políticas para plantear una campaña lo más soportable, útil y a la altura de una sociedad madura. El error no se puede volver a repetir.