El riesgo de fabricar yihadistas en favor de la independencia

La Razón
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No es nuevo que el nacionalismo catalán busque la complicidad de la comunidad musulmana, incluso de preferir que sus intereses coincidan con los de Marruecos, sobre todo por querer sentirse víctima del mismo «colonialismo» español. Pero una cosa es engordar la hispanofobia y otra, hacer un alarde de irresponsabilidad al apoyar a miembros radicales del islam residentes en Cataluña. No es un vínculo desconocido para las Fuerzas de Seguridad y, de manera especial, para los Mossos d’Esquadra que, según sus informes, conocen bien los núcleos más peligrosos y cercanos al yihadismo, aunque no se haya materializado en operaciones concretas. De nada ha servido el precedente de Mbark El Jaafari, que fue detenido en Reus (Tarragona) en 2007 por su vinculación a Al Qaeda y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, dedicado a adiestrar a terroristas suicidas. Las últimas investigaciones se han centrado en la mezquita de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y en la confirmación de que miembros de esa comunidad se han trasladado a Siria para unirse al Estado Islámico. Hasta aquí, todo estaría dentro de lo normal: la creación de células islamistas radicales utilizando los centros religiosos, un modus operandi extendido en toda Europa. Lo preocupante es que el nacionalismo, tanto CDC como ERC, haya apoyado a fundaciones que mantienen contacto con el islamismo más extremista. Es el caso, por ejemplo, de Oriol Junqueras, que ha tenido encuentros con el presidente de la Comunidad Islámica de Molins de Rei, que es de la corriente suní salafista, de clara tendencia radical, además de adepto al independentismo. No es una estrategia improvisada por parte de los independentistas, sino que responde a un plan trazado desde hace tiempo: integrar la comunidad en el proyecto nacionalista de secesión. En este sentido, tanto Convergència como Esquerra disponen de sendas organizaciones, Nous Catalans y Sectorial de Políticas de Inmigración, que han impulsado la ayuda a la comunidad musulmana, que se concretó en el llamado Plan Marruecos 2014-2017, aprobado el pasado mes de septiembre con la pretensión de atraer el voto de este colectivo (en Cataluña viven 236.090 marroquíes) y sumarlo al plan independentista. En dicho plan se contempla, además, la enseñanza de las lenguas árabe y tamazig (variante bereber), aunque la Comunidad Islámica de España ya advirtió que los contenidos del estudio del islam estaban bajo su control. La política de la Generalitat en este terreno ha sido algo más que temeraria: ha puesto en riesgo la seguridad nacional. El caso más flagrante fue el de Noureddin Ziani, un dirigente musulmán captado por CDC para predicar el independentismo en las comunidades islámicas. Ziani, según denunció el CNI, era un colaborador de los servicios secretos marroquíes y, por lo tanto, fue expulsado del territorio nacional en 2013. Entre sus misiones estuvo la de financiar los planes de los salafistas y la construcción de mezquitas en Cataluña. La misteriosa «embajada» de Cataluña en Rabat, que dirigía Angel Colom, una plaza especialmente sensible y que, tal y como fueron las cosas, dejó claro la imprudencia de la Generalitat y el desconocimiento de datos como los del estudio «Terrorism Monitor», en el que se indica que Badalona, Santa Coloma de Gramanet y San Adrián del Besós son importantes centros de reclutamiento yihadista. El cóctel entre nacionalismo catalán y extremismo islamista es demasiado peligroso para jugar con él.