El Supremo frena a Mas

El Tribunal Supremo ha rechazado de plano el recurso planteado por la Generalitat de Cataluña contra la suspensión de la llamada «consulta participativa» tal y como estaba previsto. La argumentación de la Sección Séptima de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal es contundente al señalar que carecía de sentido jurídico la pretensión del Gobierno autónomo catalán, entre otras cuestiones, porque las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano judicial del Estado. Dado que la Generalitat cuenta con un plantel de juristas de reconocido prestigio, a quienes no cabe suponer ignorancia en lo que se refiere a los ámbitos jurisdiccionales que operan en España, es legítimo presuponer que lo que el presidente Artur Mas buscaba con esta maniobra imposible ante los tribunales era ganar tiempo, manteniendo una ficción de legalidad sobre la convocatoria, consciente de que la mayoría de los ciudadanos ven con mayor rechazo el incumplimiento de las leyes por parte de los poderes públicos, obligados a cumplirlas y a hacerlas cumplir. Llegados a este punto, sería de desear que la Generalitat anunciara la suspensión de la nueva consulta que, además, carece de las menores garantías democráticas– y se aviniera a retomar la vía del diálogo con el Gobierno central con el objetivo puesto en solucionar los problemas de Cataluña, necesitada de un impulso económico y de un programa de reformas que conduzca a la solución de su grave déficit presupuestario. En cualquier caso, la Generalitat ya está advertida por parte de la delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna, de que el Tribunal Constitucional ha acordado suspender todos los actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de la consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente. El hecho de que la advertencia se haya hecho extensiva a todos los alcaldes, secretarios e interventores municipales de Cataluña, a los presidentes de las cuatro diputaciones y a los de los Consejos Comarcales no tiene más intención que la de garantizar los derechos de los funcionarios, sobre los que sería inaceptable que se pretendiera transferirles la responsabilidad de un incumplimiento por parte de las autoridades autonómicas. El reloj, inexorable, está llevando al presidente Artur Mas hasta el punto de no retorno, en el que sólo cabe una postura, que es la de cumplir la Ley. El final de un proceso que no podía tener más que un resultado, puesto que las reglas del juego de la democracia española se presentaban meridianamente claras desde un principio. El que fundamenta la Constitución en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.