El TC aplica su poder ejecutivo para suspender el plan secesionista

La Razón
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Cuando un gobernante se pregunta por qué tiene la obligación de respetar la Ley, conviene preocuparse. Quien no acata las normas, y en concreto la Constitución, no puede exigir a nadie que lo haga. Que los líderes independentistas, empezando por el presidente de la Generalitat, la presidenta del Parlament, miembros de Gobierno y diputados afines no comprendan todavía que el Tribunal Constitucional actúe para suspender unas leyes que atentan directamente contra la soberanía nacional y contra la propia Carta Magna da la medida del mundo irreal en el que se mueve el nacionalismo. Ante estos casos, nada mejor que un baño de realidad, que no es más que demostrar que subvertir el Estado de Derecho tiene un precio. El TC acordó por unanimidad la suspensión de la resolución independentista, tal y como había solicitado el Gobierno en su recurso, que pedía expresamente para Artur Mas –o quien sea investido presidente–, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa, que fueran suspendidos de funciones y, en caso de desobediencia, ser perseguidos. El pleno del Constitucional ha decidido comunicar de manera personal a cada uno de estos 21 cargos el mandato de cumplir la decisión judicial y que, en caso contrario, incurrirán en responsabilidades penales. La reciente reforma del TC ha demostrado su eficacia, de manera que la suspensión de la declaración independentista será aplicada, lo cual impedirá que se puedan aprobar las leyes que el Parlament –a través de su mayoría separatista– tiene previsto sacar adelante en el plazo de un mes: la de Hacienda Pública propia y la de Seguridad Social. Por otra parte, se impedirá que los responsables públicos apercibidos puedan volver a utilizar la misma defensa que con motivo del referéndum del 9-N: el bochornoso argumento de que no habían recibido ninguna notificación de que la consulta estaba suspendida. Con la nueva legislación, esta coartada no servirá de nada. No habrá más burlas. Es decir, no basta con decir que se aplicará la Ley con dureza, sino que debe ser aplicada toda la Ley. El Gobierno ha presentado su impugnación acogiéndose al artículo 161.2 de la Constitución, que establece que se producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, suspensión que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses. La Ley ha actuado y ahora es necesario hacerla acatar haciendo valer la reforma del TC, que permite «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento». Vivimos un momento crucial en que hay que recordar principios democráticos básicos, como que la declaración independentista vulnera los artículos 1 y 2 de la Constitución, dado que es lesiva de la atribución de la soberanía nacional al pueblo español –y no a una parte–, así como de la «indisoluble unidad de la Nación española». Que la Generalitat haya anunciado que no acatará la suspensión del TC era previsible dentro de su espiral de provocación. Volver a insistir en que actúan dentro de la legalidad porque han recibido el mandato de un «parlamento soberano» es olvidar un principio básico de la Constitución. El Gobierno ha actuado con proporcionalidad y sólo con la Ley, con toda la Ley. Mas ha conducido a Cataluña a una situación insostenible cuya responsabilidad recae sobre él.