El triste fracaso de los partidos en el ahorro del gasto electoral

Si los partidos no son capaces de llegar a un acuerdo para reducir el gasto electoral no nos debería extrañar que la desafección hacia la política crezca y los efectos puedan verse en el aumento de la abstención. La segunda reunión que mantuvieron ayer, después de la fallida celebrada la semana pasada, no ha llegado a ningún acuerdo, por lo que, de nuevo, se puede dar por fracasado el intento de pactar una restricción de los gastos para los próximos comicios del 26-J. Parece increíble que con unos objetivos tan claros y compartiendo la misma filosofía sea imposible ponerse de acuerdo. Puede decirse que se mantiene la tónica de la pasada legislatura. La incapacidad para lograr la investidura de un candidato a La Moncloa ha tenido una consecuencia clara que todas las formaciones políticas deberían interpretar de la manera correcta: la ciudadanía quiere una campaña corta, clara y en la que se trate al elector como políticamente adulto. Llevamos seis meses en los que ha habido tiempo de sobra para saber el contenido de los programas, contrastarlos públicamente y comprobar la fiabilidad de los líderes, por lo que la campaña, que arrancará el 10 de junio, podría evitarnos la reiteración de mensajes sabidos y de dudosa eficacia. En la reunión de ayer, celebrada en el Congreso, se volvió a reproducir la misma fractura que ha dominado la política española en los últimos meses. Todos los partidos coinciden en reducir gastos, sensibles a que la convocatoria responde a un fracaso aceptado. Si bien se creyó que se podía alcanzar un consenso para eliminar total o parcialmente la publicidad exterior –que supone hasta un 20% del gasto–, finalmente quedó en nada. La propuesta que el PP ha puesto encima de la mesa es una reducción del presupuesto entre todos los partidos, aunque teniendo en cuenta que el porcentaje debe ser proporcional al tamaño del partido. De esta manera, el recorte para los populares y socialistas sería del 30%, de entre el 10% y 20% para Podemos y Ciudadanos y de un 10% para el resto de formaciones. Estas dos últimas llegaron a plantear que el recorte de los partidos mayoritarios llegara al 70%, lo que suponía que PP y PSOE cargasen con el ajuste. Tampoco se ha llegado a un acuerdo en la distribución en el domicilio del correo electoral, lo que supuso 6 de los 35 millones de gasto electoral del 20-D a cargo de los partidos, sin contar la parte subvencionada. El pasado Consejo de Ministros valoró en 38 millones este gasto; también habilitó, a través del Fondo de Contingencia, 120.691.816 euros para los gastos del 26-J. En las elecciones del pasado 20 de diciembre, el PP gastó 12 millones de euros. En esta ocasión, el PSOE, sin «mailing», gastó nueve millones y 13,5 con buzoneo; Podemos y sus confluencias gastaron 2,9 millones o 4,3 con el reparto de cartas; Ciudadanos, por último, invirtió 3,4 millones en la campaña, 5,8 millones con los envíos postales de propaganda electoral. Tampoco en este capítulo se ha podido acordar la propuesta de los populares, que era mantener que el reparto electoral no fuera colectivo, conforme a la ley, ya que es obligatorio asegurar el derecho a voto, en contra de lo que querían otras formaciones. Cada partido se ha comprometido a recortar los gastos, pero sin ningún criterio común, lo que no deja de ser un rotundo fracaso. Dada esta experiencia ha llegado el momento de plantear un sistema más racional y ahorrativo de los procesos electorales.