El último asalto al Estado de Derecho

Hoy se cumplen dos años de unos hechos que marcarán la historia reciente de nuestra democracia. El 1 de octubre de 2017 fue la fecha elegida por el nacionalismo catalán para materializar el «derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación». Según esta resolución del Parlament del 27 de septiembre de 2012, la Generalitat emprendía abiertamente un camino ilegal hacia un territorio ignoto con las consecuencias de orden público que se puede deducir de este desafío frontal al Estado de Derecho. Las instituciones catalanas persistieron en la creación de organismos (Consejo para la Transición Nacional, Comisionado para la Transición Nacional, Agencia Tributaria catalana), resoluciones parlamentarias («declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado Catalán independiente) y leyes, como las de referéndum y de Transición Nacional que supusieron la ruptura con el orden constitucional y el propio estatuto de autonomía, los días 6 y 7 de septiembre de 2017. La Generalitat –y un nutrido grupo de dirigentes independentistas que utilizaron las instituciones como la sede de un partido y hoy andan cautelosamente desaparecidos– despreció la suspensión del referéndum del 1-O por parte del Tribunal Constitucional y lanzó malévolamente –con todo el victimismo que el nacionalismo más retorcido es capaz de poner en escena– a los ciudadanos a incumplir las leyes democráticas. Crearon un grave problema de orden público en el que sólo la actuación responsable y profesional de las Fuerzas de Orden Público –y el vergonzoso abandono de las obligaciones de los Mossos d’Esquadra– evitaron el enfrentamiento civil en los días posteriores a la consulta y que culminaron con la declaración unilateral de independencia y la aplicación del 155. Dos años más tarde, y a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo de los encausados por el 1-O, la Generalitat ha redoblado su desafío, pero esta vez a través de su presidente, Joaquim Torra, con su comprensión y apoyo hacia los miembros de los CDR detenidos por preparar supuestos atentados terroristas. El llamamiento a ocupar las calles e intentar asaltar edificios oficiales ante una sentencia condenatoria no tendrá ningún efecto en lo que resuelva el TS; sólo servirá para deteriorar la convivencia aún más y hacer de las instituciones de autogobierno una mera correa de transmisión política de los independentistas. La dimisión ayer del director general de los Mossos, Andreu Martínez, un día antes de que se ponga en marcha el dispositivo ante los incidentes debidamente anunciados por políticos y medios de comunicación públicos, coincide con la total instrumentalización política de la policía autonómica al servicio de quienes precisamente contravienen las leyes. La experiencia de los sucesos de otoño de 2017 indica que el Estado de Derecho debe defenderse con todos los instrumentos de la ley. Ante amenazas como asaltar el Parlament –algo que incluso estaría en los planes de Torra–, provocar la máxima tensión sin descartar escenarios de violencia o cortar las comunicaciones en autovías, carreteras y estaciones de tren sólo hay dos salidas: o la intervención responsable de la Generalitat, lo que parece improbable, o medidas policiales para impedir el colapso de Cataluña. No hay que olvidar que el orden público corre a cargo de los Mossos y que hay diferencias sustanciales dentro del independentismo sobre cuál debe ser su papel. Lo único cierto es que la sentencia del TS es la última oportunidad de la que dispone el independentismo para doblegar al Estado democrático. Querrán emular las protestas de Hong Kong, pero no les acompaña la razón de la historia: se trata de una protesta contra China, un régimen totalitario, mientas que en Cataluña es el ataque de un movimiento independentista profundamente antidemocrático contra una democracia plena. No hay dudas sobre al aldo de quien está la razón.