Es la hora de la Fiscalía

Ha transcurrido más de una semana desde la celebración del 9-N y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha decidido presentar una querella por la evidente participación de la Generalitat en los actos preparativos de la consulta, a pesar de la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, lo que constituye un delito de desobediencia. Debatir sobre el carácter de ese referéndum, si fue un simulacro o una simple protesta, sólo ocultaba el hecho fundamental que luego aclaró el propio presiente de la Generalitat vendiendo al mundo los resultados como un gran triunfo del independentismo. ¿A qué se esperaba para actuar cuando hasta la propia Fiscalía General expresó en un comunicado, la misma noche de la votación, su intención de «valorar la posible concurrencia de responsabilidades penales y, en su caso, ejercer las oportunas acciones legales»? Ahora sabemos que han sido las diferencias con la Fiscalía Superior de Cataluña y no las interferencias políticas que los independentistas habían denunicado. Finalmente, el fiscal general del Estado ha dado instrucciones a la Fiscalía Superior de Cataluña para presentar la querella por el «proceso participativo» del 9-N, pero el fiscal superior catalán, José María Romero de Tejada, se ha opuesto al no considerarlo procedente. La Fiscalía Superior de Cataluña argumenta que «por el momento no procede iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana». Esta decisión es el resultado del enfrentamiento en el seno de este órgano que, desde el viernes, debate sobre un borrador de querella presentado por la Fiscalía General. Tras esta comunicación, Torres-Dulce ha convocado una reunión para mañana de la Junta de Fiscales de Sala, órgano del Ministerio Fiscal que él mismo preside para decidir sobre la querella contra el presidente de la Generalitat. Es un caso inédito que se recurra a este organismo para resolver un asunto de tanta trascendencia, aunque, en aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, se establece este trámite cuando existe disparidad de criterio, el cual, en el caso que nos ocupa, es especialmente preocupante. Pero los hechos se imponen, a pesar de la lentitud del proceso, y al final los ciudadanos se han adelantado a los fiscales. Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC) recibió las primeras 12 denuncias presentadas en los diferentes juzgados de guardia el pasado 9 de noviembre. Hay un hecho claro, y es que la Fiscalía General no podía demorar más la decisión de presentar la querella contra Mas y otros altos cargos por desobediencia. El 9-N no hubo una dejación de las funciones del Estado de Derecho en Cataluña, sino una burla intolerable del máximo representante del Estado en Cataluña. La Fiscalía tiene la palabra.