Escrache socialista en Andalucía

Después de casi cuarenta años continuados de gobierno socialista en Andalucía, entra dentro de la lógica emocional que abandonar el poder no sea cómodo, incluso puede ser traumático. Pero las reglas del juego democrático son las que son y el PSOE ha sido incapaz de conservar una mayoría suficiente que le permita gobernar. La caída en votos ha sido continuada, señal de que su proyecto estaba agotado y que la administración andaluza se había convertido en una herramienta de poder partidista. Por contra, ha aparecido un nuevo bloque de centro derecha capaz de relevar a los socialista liderado por el PP y Cs con el apoyo de Vox. Que hay una patrimonialización del poder por parte de la izquierda quedó ayer evidenciado con una manifestación convocada a las puertas del Parlamento andaluz, ya de por sí algo inaudito al contradecir las normas democráticas básicas: no se puede interferir de la manera que sea en una sesión de investidura. El motivo esgrimido fue que el futuro gobierno es un riesgo para luchar contra la violencia de género. Se trata de un supuesto que no se sostiene, mera munición ideológica del uso que la izquierda está haciendo del feminismo, porque el PP fue el impulsor de la Ley contra la violencia de género, Cs votó a favor y nada indica que cambien de posición en un tema tan sensible y fundamental, ni porque así se lo proponga Vox. Más grave es todavía esta protesta al contar con el apoyo directo de la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, que ha llegado a fletar autobuses para facilitar la concentración. No es la mejor manera de estrenarse como líder de la oposición, ni un buen ejemplo institucional ponerse al frente de la calle. Comprendemos, eso sí, su complicada situación ahora que Pedro Sánchez ha pedido su relevo en el socialismo andaluz y su necesidad de agitar la calle para ocultar la evidencia de los hechos: el PSOE-A ha dejado la Junta bajo su mandato. Se abre una nueva etapa en la que es necesario, visto lo visto ayer, mucha dosis de moderación. Por su parte, el candidato popular Juan Manuel Moreno se presentó a la investidura con un discurso en el que marcó tres grandes líneas: diálogo, reformismo y regeneración. Hay que partir de que la estructura administrativa de la Junta se ha hecho a medida de sus eternos inquilinos y se desconocen los entresijos clientelares del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno, por lo que será necesario despolitizar la Junta, es decir que deje de ser una estructura administrativa controlada por un partido –el socialista, hasta ahora– y esté al servicio de todos los andaluces, más de allá de las ideologías. La manifestación de ayer a las puertas del parlamento fue un claro ejemplo de la dependencia de la izquierda de esta institución. El gobierno que construya Juan Manuel Moreno tendrá, tal y como ha anunciado, una vocación reformista, ya que Andalucía tiene problemas estructurales –nivel de paro, convergencia con Europa, sistema educativo, agricultura, industria– que deberían ser los principales objetivos del nuevo gobierno. Por último, el diálogo será necesario en un momento crucial en el que se ha abierto paso un frentismo que de enconarse –insistimos en la idea de que la manifestación de ayer fue un ejemplo nefasto– sólo servirá para deslegitimar al gobierno de Moreno Bonilla. Como dijo en su discurso, «hay quienes intentan desestabilizar el nuevo gobierno antes incluso de que se conforme». En todo caso, no hay que renunciar a los principios de concordia y libertad. Está bien que los partidos defiendan sus principios ideológicos, pero que en ningún caso se conviertan en una pelea entre dogmas que nada tienen que ver con los problemas de los ciudadanos. Andalucía necesita en estos momentos un gobierno serio, reformista, abierto y al servicio de todos los andaluces.