España da la espalda a Venezuela

Ni siquiera la veteranía y oficio de un titular de Exteriores como Josep Borrell es capaz de salvar la flagrante incoherencia de la postura del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la actual crisis de Venezuela. En efecto, si como afirmó Borrell en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo es de facto y no de derecho, y la Asamblea Nacional es el único órgano al que la Unión Europea reconoce la legitimidad de origen y de ejercicio, no parece que sea necesario cursar un máster en Derecho Internacional, como señaló irónicamente el ministro en una de sus respuestas, para colegir quién representa la institucionalidad en el torturado país caribeño, que no puede ser otro que el presidente de esa misma Asamblea, Juan Guaidó, al que la mayoría de los diputados democráticamente elegidos en diciembre de 2015 han designado como jefe de Gobierno encargado de Venezuela. Ese mismo Guaidó que, ayer, en una comparecencia pública en Caracas, que implicaba un gravísimo riesgo personal, no pudo citar a España entre las grandes democracias del mundo que se habían decidido por su reconocimiento. Esa es la realidad de la indefinición política de nuestro Ejecutivo, dispuesto a ganar tiempo y a dilatar la toma de decisiones cuando el pueblo venezolano se juega el todo por el todo sin que seamos capaces de atribuirle una causa razonable. Con todo, lo peor de la postura del Gobierno socialista, que corre, además, el riesgo de verse ninguneado por sus principales socios europeos y acabar actuando a remolque de Berlín o de París, es el sarcasmo que alberga la propuesta de que sea el régimen chavista el que convoque, sin plazo definido, claro, unas elecciones presidenciales libres y verificables internacionalmente. Es decir, se pretende encargar al hombre que dirigió el mayor fraude electoral que se recuerda en la historia reciente americana, al mismo dictador que se permitió nombrar a los jueces títeres del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral, al tirano que se sacó de la manga una asamblea propia, que organice unos comicios libres. Se trataría de una broma divertida de no hallarnos ante un situación trágica en Venezuela, donde los asesinados se cuentan por docenas y los encarcelados por la brutal Policía política del régimen suman varios millares. Ciertamente, se puede argüir –y el propio Nicolás Maduro acusó ayer el golpe en una de sus habituales diatribas contra España– que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra, aunque sea declamativamente, en la línea general de procurar la caída del régimen chavista y el retorno a la democracia venezolana, pero la cuestión de fondo es la inconcreción a la hora de tomar las únicas medidas que realmemente pueden resultar efectivas para el propósito buscado. Por primera vez desde las revueltas de 2014, el régimen socialista bolivariano percibe la naturaleza del peligro y está tratando de ganar tiempo para cerrar los posibles flancos internos, sobre todo, entre unos sectores militares que llevan meses dando pruebas cada vez más frecuentes de desafección, en una estrategia de desgaste de la oposición, que sí tuvo éxito en el pasado. De ahí que sea decisiva la reacción internacional, cuya relación de fuerzas ha cambiado, especialmente entre las principales potencias iberoamericanas, para hacer ver a los generales venezolanos, que gozan de grandes privilegios sociales y económicos, las consecuencias negativas, incluso a nivel personal, de respaldar a un Gobierno cada vez más aislado internacionalmente y que se ha demostrado incapaz de hacer frente a sus obligaciones presupuestarias. Porque como bien sabe, y padece, la oposición, el fiel de la balanza está en manos de un Ejército al que hay que forzar a decantarse.