Presupuestos del Estado

España necesita Presupuestos

La Razón
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Incluso sin el anuncio que hizo ayer Mariano Rajoy de una subida de las pensiones mínimas y de viudedad, que estará contenida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el recto sentido de la responsabilidad política emplaza a Ciudadanos, al PNV y a Coalición Canaria a que reediten el respaldo al Gobierno y faciliten la aprobación de unas cuentas públicas en línea con la situación económica de España y, sobre todo, con las perspectivas de crecimiento que pronostican los mercados financieros internacionales. Lo contrario no sólo significa la prórroga de los actuales PGE, sino que obliga al Ejecutivo a ejecutar una política de parches, por la vía de los reales decretos, para afrontar los compromisos ineludibles de inversión, con el desfase general de las cuentas del Estado. Por más que la prórroga presupuestaria pueda tener efectos positivos en la reducción del déficit y en el cumplimiento de los acuerdos con la Unión Europea, estos supuestos beneficios no compensan la renuncia a un instrumento político fundamental, como son los PGE, a la hora de estimular el crecimiento, con el viento a favor, insistimos, de la situación internacional; dar un impulso decisivo al PIB y afrontar las reformas estructurales que demanda la economía española. Es decir, garantizar una mejor calidad de nuestro Estado de bienestar, pensiones incluidas. Ayer, en el Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a subir las pensiones más bajas y las de viudedad, así como a introducir reducciones en el IRPF para las familias y los pensionistas, condicionando estas medidas, que no concretó, a la aprobación de los Presupuestos de este ejercicio, cuyo anteproyecto, según afirmó, saldrá del Consejo de Ministros antes de que finalice el próximo mes de abril. De inmediato, desde las filas de la oposición de izquierdas se habló poco menos que de extorsión, mientras se lanzaban al aire propuestas en favor de los pensionistas que, o eran simples brindis al sol o, a la larga, suponían volver a las mismas políticas de barra libre fiscal que nos llevaron, mediante un endeudamiento público inasumible, a tener, precisamente, que incumplir la ley de actualización de las pensiones con el IRPF y a congelarlas. Por más que se tire de demagogia y se agite el miedo de los pensionistas, éstos, que cuentan con la experiencia de una vida a sus espaldas, saben que el riesgo crece cuando las deudas acaban por hacerse insoportables. Ahí están los jubilados griegos y portugueses, con su poder adquisitivo reducido en más de un tercio, para recordarlo. Pero es que, además, no es de recibo que los mismos partidos que utilizan los PGE como rehén habitual de sus tácticas partidistas, se hagan los ofendidos ante una propuesta del jefe del Ejecutivo que está dentro de la más absoluta racionalidad. Que hay que examinar las cuentas públicas en su conjunto y negociar desde la lealtad, porque a nadie se le exige que ofrezca un cheque en blanco al Gobierno, parece de una lógica aplastante. Damos por supuesto que ni el PSOE, que vuelve a sus viejos resabios izquierdistas, ni los radicales de Podemos, van a cambiar de actitud, por más que se pierda una oportunidad de mejorar la situación general de los españoles, pero no entendemos la insólita postura de Ciudadanos o del PNV, que bajo excusas pueriles que nada tienen que ver con el asunto que nos ocupa y que sí adoptan modos de palmaria imposición, contribuyen decisivamente al bloqueo presupuestario. Tal vez, las encuestas aconsejen a Albert Rivera esta política de desgaste al Gobierno, de la misma manera que el PNV está más atento a contentar a su parroquia extremista que a facilitar un acuerdo en beneficio de los intereses generales, incluidos los del País Vasco. Son políticas a muy corto plazo que, al final, siempre se vuelven en contra.