Gobierno de España
Estabilidad y certidumbre
En la extensa entrevista con el presidente del Gobierno que hoy publica LA RAZÓN, Mariano Rajoy demuestra que sólo desde la conciencia asumida de las propias fuerzas es posible edificar la inédita política de acuerdos que impone la actual aritmética parlamentaria. Sin voluntarismos, que sólo conducen a la frustración de las expectativas, pero sí desde la voluntad de acordar lo que es posible, sin otra línea roja que mantener el ritmo de crecimiento económico y, con él, la creación de empleo. Así, el lector se reencontrará en la entrevista con el Rajoy más pragmático –«el arte de la política es aplicar aquella parte de tu ideal que las circunstancias te permiten»–, pero también con el dirigente español que mejor supo entender el mensaje de las urnas en el ya lejano diciembre de 2015 y, en lugar de lamentarse, consideró que no cabía más que cumplir con el mandato de los ciudadanos, pero, eso sí, sin olvidar que eran su partido y su candidatura los que habían ganado las elecciones y que habría de obrarse en consecuencia. Los hechos le dieron plenamente la razón, aunque su aceptación por el resto de las fuerzas políticas tuviera que venir de la mano de una nueva convocatoria electoral que, si bien reforzó su posición con 32 escaños más, no cambió en lo fundamental: los españoles, al menos por el momento, rechazaban las grandes mayorías. Las rechazaban, sí, pero, por supuesto, ni renunciaban a ser gobernados ni habían extendido cheque en blanco alguno a los populismos y al nacionalismo segregador. Más del 70 por ciento de los votos al Congreso fueron para las formaciones del llamado «arco constitucional». El que algunos dirigentes políticos socialistas, desde una radicalidad que parecía impostada, no entendieran el mensaje popular no empece para que se impusiera la racionalidad y España diera fin a casi un año de inestabilidad institucional, que podría haber traído malas consecuencias para la recuperación económica de no mediar la previsión del Gobierno, que adelantó la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 cuando aún gozaba de la mayoría absoluta. En este sentido, Mariano Rajoy insiste en sus respuestas en la «idea fuerza» de que, pese a la fragmentación parlamentaria, los españoles quieren estabilidad y certidumbre, pero que, por la misma dinámica de los resultados electorales, la responsabilidad de culminar la legislatura no puede descansar exclusivamente en el Gobierno. Que el mandato también va dirigido al resto de los grupos políticos, al menos, a los que comparten la misma vocación institucional que el Partido Popular. Hay, pues, una primera demanda obligada a la oposición socialista y a los nacionalismos moderados para que apoyen los nuevos Presupuestos del Estado –que es el instrumento indispensable para superar el que se considera el año más difícil de toda la crisis–, apoyo que, naturalmente, implica negociación y renuncias por todas las partes. Pero, como en el caso de la formación de Gobierno, sin que se pueda obviar el peso parlamentario que representa el acuerdo de legislatura firmado entre el PP y Ciudadanos cuando se trate de abordar la negociación. A este respecto, el presidente del Gobierno se mantiene firme en su rechazo a una derogación de la reforma laboral que, entiende, ha cumplido con el objetivo buscado: la reactivación del mercado de trabajo y la modernización del viejo modelo productivo español que se convertía en una máquina de crear parados en cuanto soplaban malos vientos. Es en este asunto de la reforma laboral, junto con su diáfana defensa de la unidad de España –«el referéndum no se va a celebrar. Lo sabe todo el mundo, incluidos aquellos que han hecho de ello su único discurso político»–, donde Rajoy condiciona la negociación. En todos los demás aspectos, su disposición para acordar con el resto de los partidos es absoluta. Como reitera el presidente del Gobierno, de lo que se trata es de cumplir con el mandato de los españoles.
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