Estafados por Jordi Pujol

Los resultados del estudio de opinión de NC Report, que hoy publica LA RAZÓN, sobre la incidencia entre los ciudadanos de Cataluña del escándalo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol arrojan pocas sorpresas. La inmensa mayoría de los consultados –el 78,5 por ciento– se siente estafada, no se cree la excusa de la herencia paterna para justificar el dinero ocultado, considera que el fundador de CDC se envolvió en la bandera del nacionalismo para lucrarse y que se ha desacreditado el proceso soberanista. Nada menos que el 82,9 por ciento de los catalanes exige que sea llevado ante los tribunales y juzgado, y otra mayoría significativa del 50,4 por ciento cree que las responsabilidades no terminan en Jordi Pujol y que el actual presidente de la Generalitat y líder de la formación nacionalista, Artur Mas, está obligado a dimitir. Pero llegados a este punto, el de la asunción de responsabilidades, es donde se produce una de esas anomalías estadísticas que, sin embargo, explican muy bien la compleja situación política que vive Cataluña. Porque no son los votantes de CiU quienes se oponen mayoritariamente a la dimisión de Artur Mas, como sería de esperar. No. El actual presidente apenas recoge el apoyo del 45 por ciento de quienes le votaron en las últimas elecciones autonómicas, mientras que son los simpatizantes de ERC los que, casi en bloque, respaldan a Artur Mas, conscientes de que una disolución anticipada del Parlamento autonómico y el consiguiente adelanto electoral supondrían el golpe definitivo al desafío de la consulta. Y, aunque, paradójicamente, sean los republicanos quienes más estafados y ofendidos se sienten por la confesión del ex president –con un porcentaje que sube hasta el 92,9 por ciento de los consultados– , son, también, los que más empeño ponen en desvincular el escándalo del proceso separatista. Sin embargo, el problema es que la confesión de Pujol no ha hecho más que abrir la caja de Pandora –como bien ha advertido el líder de Unió, Duran Lleida, que busca una salida pactada para sus socios de coalición– de una trama de corrupción que amenaza con salpicar a buena parte de las instituciones catalanas y, por supuesto, al partido del Gobierno. El sondeo demuestra que, salvo los militantes de ERC, en lo que parece un acto de voluntarismo, la mayoría de los ciudadanos de Cataluña –el 62,1 por ciento– da por descontado que la fortuna de Jordi Pujol procede principalmente de comisiones cobradas durante sus años de mandato político. A medida que las investigaciones judiciales en marcha pongan cifras, nombres y fechas a la gestación de su enorme patrimonio –y el de sus familiares directos– , se complicará la posición de Artur Mas, que, no lo olvidemos, está al frente de un partido que tiene embargada su sede y que se ha hipotecado a ERC.