Evitar una «Cuba continental»

La revocación de los arrestos domiciliarios de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, devueltos de madrugada a sus celdas del penal militar de Ramo Verde por orden de un Tribunal Supremo que ejerce de brazo jurídico del chavismo, es un mensaje diáfano del presidente Nicolás Maduro sobre el inexorable camino hacia la dictadura de corte comunista que ha emprendido el régimen bolivariano. Vivimos, pues, horas críticas para la supervivencia de la libertad en Venezuela, cuya democracia, siquiera formal, será suplantada por un remedo de Estado corporativo en el que se verán suprimidos la pluralidad política, el derecho al voto universal y la libertad de expresión. El mundo libre y democrático no puede permanecer impasible ante el surgimiento de una Cuba continental, que retiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo y que ha demostrado sobradamente su voluntad expansionista en América a través del llamado «socialismo del siglo XXI». Más aún, cuando la terrible indefensión en que se encuentran los venezolanos frente al secuestro del sistema judicial y al aparato represivo del régimen y de sus milicias parapoliciacas no deja otra salida, a la larga, que la sumisión a la violencia. Cualquier intento de mantener en las calles las protestas contra la deriva totalitaria del régimen será ahogado en sangre, como ha advertido sin tapujos el propio presidente Maduro, a quien no le ha hecho la menor mella la muerte de más de un centenar de sus compatriotas, la mayoría jóvenes y adolescentes, que reclamaban el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. No se puede exigir al pueblo de Venezuela que se inmole frente a los fusiles de la Policía bolivariana o que siga nutriendo las inmundas celdas de la gestapo chavista sin que Occidente se implique decididamente en la lucha por la restitución de la democracia. Aunque es preciso reconocer que las primeras reacciones internacionales, con España, Colombia, México, Perú y Argentina a la cabeza, expresando el desconocimiento del fraude electoral que ha dado lugar a la «Asamblea Nacional Constituyente», convertida en el instrumento del régimen chavista para perpetuarse en el poder, van en la buena dirección, se trata de tomar a cabo medidas enérgicas que hagan comprender al presidente Maduro y a sus principales cómplices que el proceso totalitario emprendido puede tener unos costes inasumibles. Ayer, diversos portavoces del Partido Popular, como su secretario general de Relaciones Internacionales, José Ramón García Hernández; de Ciudadanos y del PSOE, plantearon la necesidad de adoptar sanciones económicas contra los principales dirigentes chavistas, en la línea de la política seguida por la Casa Blanca. Se trata de medidas eficaces que, junto con las restricciones de viaje, afectarían directamente al núcleo duro del régimen bolivariano que, como recordaba Felipe González, ha amasado grandes fortunas con el saqueo sistemático de Venezuela y poseen fuertes inversiones en el exterior. Las sanciones, que deberían adoptarse con el acuerdo de todos los socios de la Unión Europea, aunque no es imprescindible, podrían graduarse según las circunstancias, tratando de evitar en lo posible mayores daños al conjunto de la población, pero con la voluntad política de llevarlas hasta las últimas consecuencias y no repetir el error cometido con el régimen comunista de Cuba. Porque la única salida aceptable para Venezuela es la convocatoria de unas elecciones presidenciales libres que, a tenor de los resultados de las últimas legislativas y de todos los sondeos de opinión, devolverían la democracia a los venezolanos.