Firmeza contra el fraude

Desde que Cristóbal Montoro asumió el cargo de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el Estado ha recaudado cerca de 30.000 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal. Sólo en los seis primeros meses de este año se ha superado el récord histórico de la Agencia Tributaria, con 5.508 millones de euros recuperados. Para que los ciudadanos se puedan hacer una idea cabal de lo que suponen estas cifras en la contabilidad nacional, baste con señalar que el seguro de desempleo supuso un desembolso para las arcas públicas de 30.916 millones de euros en 2013, o que, este año 2014, España tendrá que destinar 31.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda en circulación. Si a estos datos les añadimos el aumento de los ingresos por el Impuesto de Sociedades –que pasa del 3,8 por ciento de 2011 al 9 por ciento previsto para 2014– , y que el comportamiento del IVA, con un incremento del 6 por ciento de la recaudación por este concepto –superior al crecimiento económico– demuestra que está aflorando, al menos, una parte de la economía sumergida, habrá que concluir que el ministro Cristóbal Montoro está cumpliendo satisfactoriamente el objetivo, siempre difícil, de reducir la evasión fiscal. Por supuesto, ninguno de estos logros le fue ayer reconocido al titular de Hacienda por parte de los grupos de la oposición, enredados en sus prejuicios ideológicos y más atentos a detectar supuestas «amenazas» en las claras y directas palabras del ministro que al preocupante retrato de un país, desde el punto de vista más social, que dibujan unas cifras de fraude de las más altas de la Eurozona. El debate tomó, sin embargo, aires kafkianos cuando se trató el asunto del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol. Atado por la Ley Tributaria, Cristóbal Montoro no pudo facilitar todos los datos que obran en su poder sobre la gravedad de los indicios en contra del político nacionalista catalán, pero sí ofreció las suficientes pistas para que los miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso entendieran que se trata de un caso de fraude continuado durante décadas, extendido mucho más allá de una sola persona y con implicaciones políticas directas en el proceso de radicalización separatista. E hizo algo más: recordó a los diputados de CiU y ERC que el Ministerio de Hacienda tendría que poner a disposición de una comisión de investigación parlamentaria la información de que dispone. Pero entre la búsqueda de la transparencia y la ejemplaridad públicas y la defensa de posiciones ideológicas tomadas de partida, la mayoría de la oposición, en especial los partidos nacionalistas, optó por lo último. En definitiva, dando la razón al ministro de Hacienda en su denuncia del soberanismo como tapadera del fraude.