Forcadell: los actos tienen consecuencias

El Estado de Derecho tiene sus reglas y nadie está por encima de ellas. Ni siquiera las instituciones separatistas. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha colaborado activamente como promotora y canalizadora de toda una maquinaria legislativa contraria a los dictámenes del Tribunal Constitucional, que ha anulado uno tras otro los actos secesionistas emanados de la Cámara y del Gobierno de Cataluña. El Alto Tribunal mantiene abierto un procedimiento contra Forcadell por desobedecerle al dar trámite al debate sobre los trabajos de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, así como por otros eventuales incumplimientos de dos mandatos previos del tribunal. Ayer, la plataforma Libres e Iguales presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra la presidenta del Parlamento catalán por su «insólita y desleal conducta institucional» y por incumplir «de manera exhibicionista» los fallos del TC haciendo «ostentación del desprecio que les merecen» sus resoluciones. Todos los actos tienen consecuencias y los de Forcadell podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia grave y quién sabe si de malversación por destinar dinero público a actividades prohibidas. Que una autoridad institucional se comporte como si la Ley no existiera es muy grave, especialmente porque su legitimidad se sostiene en ese mismo ordenamiento y porque se supone que su cargo lleva aparejada la ejemplaridad. Forcadell ha decidido actuar contra el Estado de Derecho y éste tiene el derecho y el deber de responder.