Forcadell, Mas y Homs deben ser inhabilitados por su desafío

Hacen bien los magistrados del Tribunal Constitucional al recalcar que, con independencia de la reforma del artículo 92 de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, todos los poderes públicos estaban ya obligados a cumplir sus resoluciones, pero lo cierto es que, gracias a esa modificación normativa –impulsada por el Gobierno del Partido Popular–, hoy el Alto Tribunal dispone de mejores instrumentos para la defensa de los principios constitucionales y, como no podía ser de otra forma, los ha puesto en funcionamiento. Asimismo, quienes acusaban a Mariano Rajoy de pasividad ante el comportamiento desleal de la Generalitat y el Parlament de Cataluña tendrían que reconocer su error y aceptar que la decisión tomada por el Gobierno de ceñirse estrictamente a los caminos que marcan nuestras leyes se está revelando acertada y, sobre todo, ha servido para evitar que los separatistas tomaran de rehén al conjunto de la sociedad catalana, que rechaza mayoritariamente el aventurerismo soberanista. Con estas consideraciones no queremos rebajar en un ápice la trascendencia de la unánime resolución adoptada hecha pública ayer por el Tribunal Constitucional, que no sólo deduce testimonio a la Fiscalía de la actuación de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, por desobediencia, sino que resuelve sobre el fondo del recurso presentado por el Ejecutivo contra el proceso separatista. Y no puede ser más claro al determinar que la decisión adoptada por el Parlament el pasado 28 de julio –que había sido cautelarmente suspendida por el mismo Tribunal– tiene «efectos jurídicos propios y no meramente políticos», implica la atribución de poderes superiores a los que se derivan del autogobierno reconocido por la Carta Magna y se arroga la potestad de vulnerar el orden constitucional. Ni la legitimidad democrática del Parlament de Cataluña ni la autonomía parlamentaria sirven de pretexto para saltarse la Ley. En definitiva, que el comportamiento de la presidenta de la Cámara contraviene la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, por lo que debe hacer frente a la responsabilidad penal contraída, para lo que se insta a actuar a la Fiscalía. Poco a poco, la Justicia va cercando a quienes, desde el más absoluto desprecio a las leyes e, incluso, a la lógica política, tratan de llevar a la ruptura a una parte de España. Los procesos abiertos se sustancian –ya se ha pedido desde el Tribunal Supremo la autorización al Congreso para investigar al diputado Francesc Homs por el referéndum separatista– y, tal vez, habría que reprochar a los jueces que sus tiempos no coinciden demasiadas veces con los de una opinión pública que asiste atónita y desconcertada al espectáculo de la desobediencia, las falsedades y el desafío abierto de quienes más obligados están, por razón de su cargo, al respeto a la Ley. De hecho, ayer la Cámara de Cataluña, y con ella su presidenta, Carme Forcadell, demostró contumacia en el delito al aprobar una nueva resolución anticonstitucional, pese a todas las advertencias de la oposición. También a quienes, sin duda desde la buena voluntad, tratan de contemporizar con los separatistas y hablan de evitar un «choque de trenes», que sólo está en el imaginario nacionalista, habría que recordarles que el imperio de la Ley en un Estado social y democrático de Derecho, como es España, no puede ser conculcado ni trasgredido por nadie. Y que quien lo haga pagará las consecuencias.