Garantizar las pensiones

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó ayer, tras reunirse con patronal y sindicatos, la urgente reforma del Gobierno, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, que llevará al Congreso el próximo día 23. Fátima Báñez ha propuesto a los agentes sociales y a las formaciones políticas un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, con lo que se impedirá que ningún gobierno, sea del signo que sea, pueda congelarlas o bajarlas. Se introducirá un índice mínimo de revalorización que deberá aplicarse obligatoriamente todos los años. Para ello, habrá un suelo y un techo, y se tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficits o superávits del propio sistema de la Seguridad Social. «En todo caso habrá ganancia año a año», como ayer apuntó la ministra Báñez, asegurando que la subida mínima será del 0,25% y el máximo de incremento será el IPC más 0,25%. Unos números y unos ajustes que permitirán que «en años de bonanza los pensionistas ingresen algo más del IPC», según destacó. Un nuevo índice, por lo demás, que ya se utiliza en Austria, Dinamarca o Suecia y que permite que un trabajador que contribuya al sistema con una determinada cantidad mensual tenga la misma pensión que otro que se jubile dentro de diez años o veinte. «A igualdad de contribución, igualdad de pensión», afirmó Báñez. De acuerdo con los planes de la ministra de Empleo y Seguridad Social, la reforma se empezará a aplicar a partir de 2014, mientras que se retrasa hasta el año 2019 la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad que vincule las pensiones con la demografía, algo que, además, dará más plazo para intentar llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo. La mayor esperanza de vida de los españoles y la inminente llegada de la llamada generación del «baby boom» a la edad de retiro no admite más dilaciones en acometer una solución sostenible al sistema de pensiones. La reforma del Partido Popular, además de una clara carga económica, tiene un indudable contenido político, pues dejaría al último Gobierno socialista como el único que congeló los subsidios, en el ejercicio de 2011. Respecto a Europa y las exigencias del comisario Olli Rehn de una rebaja inmediata de las pensiones, el Gobierno ha desplegado una batería de ajustes y pasos, medidos al milímetro, para cumplir con la UE y no perjudicar a los ciudadanos. En esa intención no cabe duda de que los actuales buenos datos macroeconómicos han tenido un peso fundamental a la hora de bajar la presión sobre las cuentas del Estado, en las que las pensiones son una partida fundamental. Una reforma, en definitiva, que quiere alejar las pensiones de vaivenes políticos, además de garantizar su sostenibilidad, como es de justicia, más allá de los periodos de bonanza o de crisis.