Golpe contra la democracia

En un acto impostadamente solemne –de nuevo haciendo Historia–, el presidente de la Generalitat, acompañado de los partidos independentistas, anunció el día en que se celebrará el referéndum secesionista y la pregunta que se realizará. La consulta será el próximo 1 de octubre y la cuestión sobre la que el elector debe decidir es la siguiente: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?». Como es fácil deducir de dicho enunciado, el independentismo catalán aspira a acabar de un plumazo con todo nuestro sistema político: forma de Estado, unidad territorial y sustitución del sujeto en el que reside la soberanía nacional, que no es otra que el pueblo español. Sobra decir que supone la destrucción de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de toda la arquitectura sobre la que se han sustentado cuarenta años de democracia, que justamente conmemoramos ahora. Precisamente cuando Cataluña ha alcanzado su máximo nivel de autogobierno –inédito en cualquier otro país de Europa–, los independentistas deciden volar todo este andamiaje y situarse abiertamente en la ilegalidad. Es una vieja tendencia autodestructiva muy arraigada en el nacionalismo catalán y que sólo se explica por la ínfima categoría de sus líderes. Cierra Puigdemont de esta manera cualquier posibilidad de diálogo y acuerdo sobre unas bases razonables. Sin ánimo de exagerar una situación de por sí alarmante, el paso que ayer dio el nacionalismo catalán es un golpe al Estado en toda regla, y así hay que decirlo para que se entienda la gravedad de los hechos, la necesidad de responder con las herramientas del Estado de Derecho y la urgencia de que los partidos constitucionalistas y el conjunto de la sociedad española y catalana mantengan la unidad. Le toca al Gobierno actuar conforme a la Ley y así lo hará, según ha anunciado, cuando las palabras de Carles Puigdemont se concreten en el decreto de convocatoria. A partir de ese momento, sólo puede abrirse la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional y que éste ponga en marcha las medidas que considere oportunas. El anunció de la fecha para el referéndum y la pregunta suponen la puesta en marcha del capítulo más crítico de la hoja de ruta independentista: la que supondrá la aprobación de las llamadas «leyes de desconexión» y el inicio del engaño al que quiere someter al Estado de Derecho, un inadmisible fraude de ley. De seguir la Ley de Régimen Electoral vigente, el referéndum debería convocarse 54 días antes de la fecha de su celebración –es decir, el 8 de agosto–, pero, partiendo de no permite la realización de consultas políticas, se espera que la norma que convoque la consulta salga adelante en un sólo día y sin debate tras el nuevo cambio de reglamento del Parlament (el pasado martes la Mesa la cámara dio luz verde en un vergonzosa reunión en contra el criterio de toda la oposición), incluida en la Ley de Hacienda propia o en la de la Seguridad Social catalana. El Estado debe poner en marcha todos los recursos legales a su alcance e impedir un referéndum que atenta contra nuestra democracia, restituir la legalidad y el principio de que todos los catalanes tienen los mismos derechos, algo que en estos momentos dudamos que sea cumpla. Es necesario denunciar el uso de las instituciones públicas catalanas por los partidos independestistas y el desprestigio que está sufriendo la Generalitat. La ostentosa ceremonia de ayer fue en el fondo un acto de partido de tres formaciones, PDeCAT, ERC y la CUP, que suman el 47,8% de los votos, y que utilizó la Generalitat como escenario, una apropiación que demuestra la asfixiante ocupación que el nacionalismo ha hecho de la primera institución catalana. Como dice el verso de José Hierro, «después de tanto todo para nada».